Empresas proveedoras del Estado, compañías operadoras del sector privado, estudios contables y firmas ligadas a auditorías se desayunaron ayer con allanamientos simultáneos llevados adelante por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público, en busca de desbaratar un nuevo esquema de megaevasión vinculado al uso de facturas falsas.
El jefe de la Administración Tributaria y el fiscal a cargo, Óscar Orué y Francisco Cabrera, respectivamente, brindaron detalles en conferencia de prensa acerca del operativo denominado Facturación 3.0.
Explicaron que esta red que proveía comprobantes apócrifos funcionaba en Asunción y en ciudades del Departamento Central. Se trata de 22 proveedores ficticios que habrían emitido 3.744 facturas falsas para justificar gastos en las declaraciones juradas, lo que deriva en defraudación al Fisco (ver la infografía).
Este esquema facturó de forma irregular G. 110.909 millones (USD 16 millones). Sobre ese total, se presume una evasión de al menos G. 11.090 millones (USD 1,6 millones), si se tiene en cuenta la tasa general del 10% aplicada al IVA. No obstante, los investigadores analizan nuevas facturas descubiertas en las últimas horas por otros G. 60.000 millones.
Particularidades. Esta nueva red involucra a 473 contribuyentes, entre empresas y personas físicas.
Los casos analizados van desde el 2018 al 2022, y según el viceministro Orué, esto se descubrió cuando un adulto mayor quiso acceder a la pensión alimentaria que otorga el Estado y se dio cuenta que figuraba como contribuyente.
Contó además que gran parte de las pruebas fue elaborada por el sistema de inteligencia artificial denominado Big Data.
Si bien son 473 los aportantes que aparecen ligados a esta red, solamente fueron públicos los nombres de dos de ellos: Engineering SA y El Camino SRL.
Llama la atención la participación de Engineering SA, una constructora que viene ganando numerosas licitaciones llevadas adelante por el MOPC, entre ellas, la polémica pasarela ñandutí.
La sanción administrativa para los involucrados puede ser de hasta el 300% del monto dejado de abonar al Fisco. Asimismo, se sospecha del hecho punible de uso de documentos no auténticos, en el ámbito penal.
