El pedido de adenda para el Presupuesto General de la Nación para el 2024, por el cual se solicita un aumento de G. 5 millones para la dieta de 45 senadores y diputados ha echado por tierra el discurso oficial de austeridad.
Si bien es cierto la reacción inmediata de la ciudadanía, expresada a través de los medios de comunicación y las redes sociales, fue primero de sorpresa, luego esta se tornó en indignación. Extrañamente, en vez de diluirse, el enojo fue creciendo debido a la reafirmación, tanto del presidente Santiago Peña justificando su pedido, como los argumentos de los parlamentarios.
En una conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga, el titular del Ejecutivo defendió el pedido calificándolo de “pequeño ajuste”. Afirmó Peña que le pareció importante que, después de 10 años, era importante un pequeño ajuste, “porque acá la inflación en los últimos diez años ha hecho que disminuyan esos salarios”.
De ser aprobado el pedido, 45 senadores y 80 diputados pasarán a percibir de G. 29.606.840 a G. 34.606.840.
El argumento más descabellado e insultante fue nada menos que el del presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, quien dijo que el aumento a los congresistas es una “estrategia” para combatir a la corrupción. “Creo que es una estrategia para el combate de la corrupción. Se busca que personas que van a tomar decisiones sensibles sean bien remuneradas, eso les hace menos vulnerables ante la corrupción”.
Otro argumento insultante provino del titular del Legislativo, el senador colorado Silvio Ovelar, quien calificó como una “jugada estratégica”, considerando que se analizan aumentos en el Ejecutivo, por lo cual sería discriminativo que no los haya para el Congreso. De paso, agravió a todos los trabajadores y trabajadoras del Paraguay diciendo que él solo percibe G. 7 millones al mes, por “los descuentos”.
De acuerdo con datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, INE, el ingreso promedio nacional de los ocupados mayores de 15 años es de G. 2.700.000. Comparando los datos de hace una década, el salario promedio de los trabajadores subió apenas G. 663.000.
Basados en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, se sabe que los que tienen un salario igual al salario mínimo vigente son alrededor de 380.000 personas; perciben por debajo del salario mínimo 840.000 personas, y más de un salario mínimo, son 790.000 los asalariados.
Esta es la radiografía del ingreso de los paraguayos y paraguayas. Una realidad que supone dependencia de la salud y la educación públicas, así como el acceso a muy deficientes servicio públicos. Esto supone que los hijos e hijas de estos trabajadores asisten a escuelas con graves problemas de infraestructura, que aprenden a leer y a escribir bajo árboles o en aulas con riesgo de derrumbe; y supone que si deben enfrentar una enfermedad catastrófica, como el cáncer, su sobrevivencia dependerá de rifas y polladas.
El manejo caótico y discrecional de los recursos del Estado es insostenible. Ya no caben dudas de la necesidad de una ley del servicio civil, que entre otras cuestiones regule los ajustes salariales para que estos no sean otorgados como ahora, de forma prebendaria y clientelista, sino de acuerdo con los méritos y los esfuerzos de cada funcionario del Estado.
Del Gobierno seguimos esperando que encare reformas, que hoy serían posibles considerando que tiene una mayoría parlamentaria, que impulse cambios que signifiquen una mejora en la calidad de vida de todos los paraguayos.
La propuesta de aumentar dietas a quienes perciben mucho más que esos mismos trabajadores que sostienen la pesada estructura del Estado es inmoral y debe ser rechazada.
