“Sí quieren llamarle la ley del autoblindaje, pues que la llamen. Yo lo llamaré seguramente la búsqueda de la paz o del compañerismo”, dijo el diputado colorado por Asunción Hugo Ramírez en la sesión del miércoles de la Cámara Baja, al pedir que se mantenga el proyecto de ley de reglamentación de la pérdida de investidura que había sido aprobado en una sesión anterior, con varios artículos considerados claramente anticonstitucionales al buscar imponer diversas trabas para que un legislador pueda ser expulsado del Congreso, al ser sorprendido cometiendo delitos de trafico de influencia y actos de corrupción.
Este nuevo último intento legislativo de volver más institucional la impunidad ha merecido nuevamente un fuerte repudio por parte de la ciudadanía; hay versiones de que sería rechazado en la Cámara de Senadores y hasta el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que si fuese finalmente promulgado, él lo iba a vetar.
A pesar de estos signos de rechazo, los diputados insisten en aprobarlo. Solamente por simular que han sido golpeados por las críticas, en la última sesión aceptaron reconsiderar algunos puntos, entre ellos eliminar la atribución inconstitucional que habían otorgado a la Justicia Electoral para definir la pérdida de investidura. Sin embargo, mantienen el también cuestionado requisito de exigir primero una sentencia firme de la Justicia ordinaria para poder expulsar a un legislador corrupto. Con estas condiciones decidieron enviar el proyecto a comisiones para volver a tratarlo en una próxima sesión.
De esta manera, la mayoría de los diputados siguen protegiendo a sus pares procesados y acusados de graves hechos de corrupción, como el liberal Carlos Portillo y el colorado Tomás Rivas. El primero está imputado por la Fiscalía por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, luego de que saltó a la luz pública una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales del Alto Paraná, pero hasta ahora no solamente impiden tratar las solicitudes de pérdida de investidura, tampoco dan curso al pedido de desafuero para avanzar en la labor de la Justicia.
En el caso de Rivas, el mismo está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa y otros hechos punibles, tras haber sido descubierto en una investigación periodística de Última Hora que pagaba a sus empleados particulares con sueldos de la Cámara de Diputados, en un caso similar por el que había tenido que renunciar el legislador colorado José María Ibáñez. Rivas también sigue amparado por sus pares, que se niegan a tratar el pedido de desafuero que exige la Justicia.
Una vez más, la mayoría de los diputados asumen una descarada defensa de la impunidad y se burlan de la indignación ciudadana.