Esa fue la fecha de la ejecución de Mauricio Schwartzman en barrio Jara. Pecci fue muerto ocho meses después, en Colombia. En el medio ocurrió el Operativo A Ultranza, que afectó a políticos, fiscales y funcionarios metidos en el negocio narco. Investigando el crimen de Schwartzman, el fiscal Pak reveló que podían existir muchos nexos entre ambos hechos de sicariato. Y eso que hace dos años nos vienen repitiendo que Marcelo Pecci no investigaba nada que tuviera que ver con A Ultranza. Era falso. Han dejado pasar el tiempo como para que se borren las evidencias.
Una parte significativa de la información recogida por Pak proviene de teléfonos móviles. Eso prueba que cuando se quiere avanzar, sí se puede, pese a que las comunicaciones sean “encriptadas”. Imposible dejar de consignar aquí las ocasiones en las que la Fiscalía se negó a investigar. Hace 7 años la fiscala Raquel Fernández, desechó el cruce de llamadas en el caso Rodrigo Quintana con la miserable mentira de “solo serviría para el morbo”.
Luego del crimen de Pecci, fue incautado el celular del extraditado Kassen Hijazi, ante la sospecha de que el autor moral se encontraba en Paraguay. El teléfono fue entregado al fiscal Lorenzo Lezcano y, desde entonces, entró a una zona mimada del Ministerio Público: la nebulosa. Mientras Lezcano decía que entregó el celular a la fiscal Alicia Sapriza, ella lo desmentía. Después, el fiscal Manuel Doldán aseguró que lo tenía la DEA norteamericana, aunque ningún juez paraguayo lo haya autorizado. Finalmente, se sostuvo que el material estaba siendo analizado aquí desde hacía meses, pero que todo era lento porque las comunicaciones “estaban en otro idioma”.
Las mismas incongruencias se repiten con el teléfono celular del propio Marcelo Pecci.
Tres días después de su muerte, el fiscal Doldán envió una nota a la Fiscalía colombiana, pero, no para pedir una copia espejo urgente, pues allí podría haber datos conducentes a algún eventual autor intelectual, sino para exigir sigilo sobre su contenido. Desde entonces, se instalaron varias versiones, pero lo concreto es que dicho aparato no fue peritado hasta hoy. Y, lo peor, se sugiere que los culpables son la esposa de Pecci y la Fiscalía de Colombia por no colaborar. Y, además, los periodistas paraguayos por preguntar demasiado y hacerles perder el tiempo.
Puedo estar equivocado, pero todo indica que no quieren investigar, como si tuvieran miedo a lo que pudieran encontrar.
Hasta ahora no se conoce el contenido de la computadora del fiscal asesinado que está en su poder desde hace dos años. Tampoco se sabe nada del supuesto hackeo de su correo electrónico. No fue lacrada su oficina al conocerse el atentado. No mostraron un análisis de todos los casos investigados por Pecci que pudieran perjudicar a personas sospechosas. O la Fiscalía comunica muy mal o no quiere indagar por temor o corrupción interna. En cualquiera de los casos, Emiliano Rolón no puede culpar a la prensa por no cooperar.
La investigación de Pak sobre un caso periférico demostró que los jefes narcos están mejor informados que los fiscales sobre lo que sucede en la Senad, en la Policía y en el Parlamento. Y también demostró que, si hay voluntad, se puede encontrar la verdad.
La vida de este fiscal debe ser protegida. No puede convertirse en otro Pecci. Frente a este tipo de preocupaciones, ¿No le parece comprensible que la Fiscalía de Colombia dude un poco a la hora de compartir informaciones con sus pares del Paraguay?
