Salum llegó al país el pasado miércoles junto con otros 150 compatriotas en un vuelo proveniente de Estados Unidos y fue apartado del grupo por la fiscala Teresa Sosa y trasladado a su domicilio mientras que los restantes viajeros fueron llevados a cumplir con la cuarentena obligatoria en albergues habilitados para el efecto, tal como lo hacen todos los que ingresan al país.
“Se dio de la siguiente manera, la fiscala general del Estado presentó una constancia médica del doctor Osvaldo Tenace diciendo que una persona determinada (Salum) presenta una situación (médica) con un nombre técnico, pero me explican o explicaron después que es una afección similar o que es asma básicamente”, remarcó ayer Federico González, ministro de Asuntos Internacionales, en conversación con la 1080 AM al hablar sobre cómo ocurrieron los hechos.
González explicó que el Consejo de Defensa, que es el equipo encargado de controlar la cuarentena obligatoria a todos los que llegan, no tiene la prerrogativa de realizar análisis y estudios médicos, pero que al recibir la constancia médica de Salum se envió el documento al Aeropuerto con la llegada de ese vuelo.
Refirió que la fiscala que estaba presente en ese momento en el lugar, Teresa Sosa, determinó que esa “persona (Salúm) específicamente vaya a su domicilio. “Eso es lo que pasó”, remarcó.
Indicó que luego recibió la denuncia de que Salúm incumplió la cuarentena (aparentemente abandonó su domicilio), por lo que se le comunicó que debía ir a un albergue y “aceptó trasladarse a un local y lo hizo acompañado de autoridades policiales”, añadió González.
Acotó que en el grupo de personas que llegaron en el vuelo procedente de EEUU alrededor de cuatro estaban comprendidas dentro de la cuestión médica y que tras el chequeo fueron a sus respectivos domicilios.
Las personas mayores de 60 años y con afecciones médicas tienen un trato diferencial y no se quedan en los albergues de acuerdo al procedimiento que está aplicando el Gobierno.
En principio, la fiscala Sosa aseguró que Salum fue remitido a su domicilio porque tenía 60 años y sufría afecciones respiratorias. Sin embargo, el mismo certificado médico reveló que el empresario tiene 50 años.
Además el médico aclaró que su certificado no avala ni habilita a su paciente a violar la cuarentena obligatoria.
GUERRA DE BAJA INTENSIDAD. La llamativa reacción del Gobierno, de tirar a Sandra Quiñónez, considerada ahijada política de Cartes, el fardo de lo ocurrido con el empresario ligado al entorno del ex presidente de la República, surgió justo días después de que el Ministerio Público desplegara aparatosos procedimientos tanto en la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) como en Petropar, tras el escándalo surgido por presuntas compras sobrefacturadas de tapabocas y agua tónica en el marco de la pandemia. Este escándalo terminó por costarles el cargo a Édgar Melgarejo y a Patricia Samudio, dos de los mimados del presidente Mario Abdo, quienes se vieron obligados a renunciar por las fuertes críticas de la gente.
Además, desde el Gobierno admitieron el miércoles que observan una campaña sucia instalada por parte de referentes del sector que lidera Cartes, a través de perfiles falsos en las redes sociales (Twitter y Facebook) para desgastar la figura del presidente Abdo y atacar al equipo que lidera el ministro Salud, Julio Mazzoleni, cerebro de las acciones que se están realizando en el marco de la pandemia y que hasta ahora evitó una mayor crisis sanitaria.
La fiscala general presentó una constancia médica diciendo que una persona determinada presenta asma.
Federico González,
Asuntos Internacionales.
