27 nov. 2024

Desidia político-institucional impide recuperar las tierras malhabidas

A casi siete meses de la promulgación de la ley que crea la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, dicha instancia sigue sin integrarse.

El 8 de abril de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008. Sin embargo, a casi siete meses, la misma aún no fue conformada por culpa de la negligencia y desidia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El senador del Frente Guasu Hugo Richer lamentó que la falta de voluntad política en las diversas instituciones responsables designadas para integrar dicha comisión haya impedido que hasta hoy en día se conforme la comisión.

Manifestó que ya ve difícil que este año se conforme dicha comisión, considerando que queda muy poco tiempo para que culmine el periodo legislativo, y recordó que en julio del año próximo finaliza el periodo parlamentario.

LAS TRABAS. Richer detalló que, a pesar de que la ley ya fue promulgada hace siete meses, la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas no se integra porque varias instituciones no designan a sus representantes.

Recordemos que la ley establece que dicha comisión debe estar integrada por representantes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC), que depende del Ministerio de Hacienda, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Richer detalló que la Cámara de Diputados nunca informó sobre sus representantes por cada bancada, es decir, el Senado no recibió hasta ahora quiénes son los diputados que representan a sus bancadas para integrar esta comisión.

Dijo que solamente algunas de las instituciones del Poder Ejecutivo ya designaron a sus representantes, pero otras no, y también señaló la necesidad de contar con presupuesto para trabajar.

Indicó que el Congreso estableció un aumento que luego el Ejecutivo vetó, y más tarde los parlamentarios volvieron a levantar el veto, pero aún así, ve difícil que el Ministerio de Hacienda realice las transferencias monetarias correspondientes para el ejercicio fiscal de este año.

EL INFORME DE LA CVJ. El informe final presentado en el 2008 por la Comisión de Verdad y Justicia, luego de cinco años de trabajo, señala que existen un total de casi ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas que se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y el post stronismo, es decir, entre 1954 y 1989, y desde 1989 al 2003.

La lista contiene nombres como el del fallecido general Andrés Rodríguez, ex presidente de la República, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó. Rodríguez acumuló un total de 24.317 hectáreas de tierra malhabida. Mario Abdo Benítez, padre del actual presidente de la República y ex secretario privado de Stroessner, figura con casi 3.000 hectáreas de tierras adjudicadas.


El tiempo que se perdió yo creo que perjudicó notablemente las posibilidades de constitución de esta comisión nacional.

Difícil que este año se conforme, y el año próximo es electoral, es decir, a mitad de año se cambia todo el Parlamento.
Hugo Richer,
senador Frente Guasu.

7.851.295
hectáreas es el total de tierras malhabidas en Paraguay entre 1954 y 2003, 32,7% de las tierras arables.

6.744.005
hectáreas de tierras malhabidas fueron adjudicadas en total por el IRA y por el IBR entre 1954 y 1989.

989.589
hectáreas de tierras malhabidas fueron las adjudicadas en total por el IBR entre los años 1989 y 2003.

4.232
lotes fueron los adjudicados irregularmente por el Estado paraguayo tanto en la Región Oriental como el Chaco.

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