Pablo Galain Palermo fue uno de los panelistas del Seminario Internacional Nuevos desafíos en la lucha contra la corrupción e impunidad, organizado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el viernes y ayer, en Asunción. En la oportunidad se abordaron aspectos vinculados con las nuevas tendencias criminales y los desafíos que estas generan en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado. Con el profesor Galain, de nacionalidad uruguaya, actualmente investigador y docente en la Universidad Andrés Bello de Chile, este Diario conversó sobre asuntos vinculados con corrupción, con las instituciones y con las respuestas internacionales contra los delitos transnacionales.
– ¿Existe consenso entre los estados respecto a que hoy se necesitan cambios ante los nuevos mecanismos de corrupción?
– Lo que puede verse a nivel internacional es una evolución muy lenta. Recién en los años 70 se empezó a discutir si la corrupción era un problema internacional, muy ligado a las dictaduras que tuvimos en nuestra región y a la incidencia que tuvieron algunas empresas multinacionales en esos regímenes totalitarios. Pero es en los 90 en que se toma en serio la corrupción internacional y ahí sí, a través de determinadas convenciones que después confluyen en la Convención contra la Corrupción, que se acuerda en Mérida, México, en la órbita de la ONU. Es cuando se empieza a tomar esto como un problema mundial. Se asume que si no existe cooperación entre los distintos Estados, agencias de inteligencias, sistemas judiciales, policías, es imposible hacerles frente a los grupos que se inmiscuyen dentro de las estructuras estatales y crean situaciones en las cuales es muy difícil, a veces, visualizar qué es lo legal y qué es lo ilegal.
– Operativamente, ¿cómo está funcionando eso y por qué algunos países son más o menos proclives a alentar este tipo de corrupción y son señalados como corruptos?
– Es muy difícil comparar científicamente qué país es más corrupto, dónde hay más impunidad, más cifras negras. Es muy difícil…
Los instrumentos que se utilizan para esos ránkings vienen más que nada del mundo privado. Transparencia Internacional es una institución privada. Es muy difícil medir si el Paraguay es más corrupto que la Argentina o que Brasil, o que Bolivia o Uruguay, porque esas mediciones se basan en las percepciones que los ciudadanos de un país tienen de la corrupción.
Pero pongamos el caso en que fuera normal el tener que recurrir a pagar coimas a funcionarios para obtener servicios que el Estado debía proveer, porque para eso se pagan los impuestos; bueno, si eso se identifica como normal, ahí tenemos un problema de base cultural, estructural, que es muy difícil de cambiar con leyes. Mucho menos con leyes penales. Esto no se mejora ni creando nuevos delitos, ni aumentando las penas que existen. Para nada, porque es un problema de cultura que cada Estado tiene y está en su idiosincrasia. Hay autores que hablan que para cambiar algo así tiene que darse una revolución cultural que debe empezar, sobre todo, con la educación.
– ¿Qué ha dejado el caso de la constructora brasileña Odebrecht para los países implicados y para los que no también?
– Una de las cuestiones al respecto que nos debiera preocupar es que nunca hubiéramos descubierto si esto no hubiera sido advertido por el sistema de los Estados Unidos, ni la Justicia de Brasil, ni la de todos los países que estuvieron involucrados, algunos con altas figuras de la política o de la institucionalidad, en los casos de sobornos de la constructora brasileña. Ni siquiera nos hubiéramos enterado.
Lo mismo lo traslado al problema del FIFAgate. Si no hubiera pasado por el sistema financiero, sobre todo bancario, de Estados Unidos, posiblemente tampoco hubiéramos descubierto la gran trama de corrupción en el mundo del fútbol, con todas las repercusiones que tuvo en Sudamérica, con la caída de casi todas las cabezas de Federaciones sudamericanas de fútbol.
Con nuestros sistemas de Justicia no hemos detectado estos grandes casos de corrupción. Algo falla, sí. Quizá la cooperación, las agencias de inteligencia o quizá la corrupción está muy bien “aceitada” en algunas instituciones a tal punto de que esto no se investigue, que no se descubra, o que cuando se investiga se concentre en meros abusos de funciones de funcionarios medios o del bajo escalafón, para decir: nosotros estamos luchando contra la corrupción, pero no intentan entender la complejidad de estas tramas corruptas que van constantemente de lo ilegal a o lo legal. Es una forma de decir, estamos haciendo algo, pero no queremos realmente saber todo lo que pasa.
– ¿Qué otras lecciones dejó el caso?
– Que la mayoría de los juicios en Odebretch no se resolvieron con procesos penales tradicionales, sino negociaciones de delación premiada. Son cientos. Los sistemas no probaban los hechos, simplemente recibían una información y negociaban la pena a partir de esto.
Nos muestra que algo ha cambiado en la forma de hacer los juicios penales. Si en los casos más graves, que son estos, el juicio penal tradicional queda a un lado, y se trata de negociaciones casi particulares con cada uno de los involucrados, nos está diciendo también algo sobre cómo funciona la Justicia Penal.
Es como que lo tradicional es seguramente lo más garantista, pero no lo más efectivo si uno quiere luchar contra grupos criminales organizados, por el poder económico, político y en algunos casos, incluso militar, que tienen estas organizaciones.
– ¿Qué opina respecto a la Lista Engels y la designación por EEUU de funcionarios extranjeros y otras personas como significativamente corruptos?
– Es mucho más efectivo incluir a determinados ciudadanos en estas listas. Aunque aparentemente lo único que significa es que se les va a negar el ingreso a los Estados Unidos; en realidad el efecto dominó que genera el incluir un nombre a esa lista (de significativamente corruptos) es increíble. Acá en Paraguay lo vivieron hace semanas. Hay cosas que han cambiado: El que determinadas personas que han sido incluidas en esas listas, haya tenido repercusiones fuertes desde lo político, en un país como el Paraguay, y, sin embargo, no estamos hablando de ningún juicio o investigación alguna.
Simplemente hay una sospecha de un gobierno que dice ‘determinadas personas están vinculadas al terrorismo, al narcotráfico o a corrupción o a participación de determinados actos, como un soborno, o interrumpido que la Justicia de su propio país investigue determinados casos’. Ante estos, la reacción del Gobierno norteamericano es incluirlos en una lista que no les permite a esas personas venir con sus hijos a Disney en el próximo año. Bueno, eso ha traído repercusiones mucho más fuertes que lo que un juicio penal hubiera traído.
Si incluyen a un político o a un funcionario en estas listas le causa un perjuicio a su moral, a su bueno nombre, y problemas en su ámbito de trabajo. Este es un riesgo que solo pueden asumir países poderosos como EEUU, que tiene las espaldas anchas como para identificar vicepresidentes de otros países como corruptos.
–¿Aunque despierte reacciones de tipo nacionalistas, que reivindican soberanía?
–Cuando un país imperialista hace determinadas denuncias resurge un sentimiento de nacionalismo, pero es normal. Es una estrategia de irresponsabilizarse.
Es muy difícil cambiar con leyes penales prácticas como el pago de coimas, si eso se identifica como normal en un país. Es cultural.
Nunca hubiéramos descubierto el caso Odebrecht o el FIFA Gate si esto no hubiera sido advertido por el sistema de EEUU.
Es increíble el efecto dominó que genera el incluir un nombre a la lista de significativamente corruptos. Y no hablamos de juicio
