Cuestionó que solo se tenga que pagar G. 25 millones por incumplimiento, y que el Tribunal Partidario tenga que anular una candidatura si no se presentan todos los requisitos.
Además, remarcó que se debe definir la autoridad de aplicación, que a su criterio debe ser el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral).
“Se está trabajando en algunas modificaciones al proyecto de ley, no los controles. Por ejemplo, las sanciones. Hay una sanción que dice G. 25 millones. Esperá un poco, o sea que te podés pasar por encima todo y vas a pagar. No tiene ningún sentido”, dijo.
“La otra sanción, hay una discusión que deja que el Tribunal Partidario, por ejemplo, un candidato no presenta todos los requisitos y se anula la candidatura”, mencionó.
“Hay que tener mucho cuidado porque la Constitución no habla de anulación de candidatura. En todo caso, se debería remitir a una instancia penal”, consideró Masi.
Por otra parte, criticó que se tenga que duplicar el aporte privado, cuando justamente la intención es restringir.
“Se habla de que se tiene que restringir el hecho de que un candidato pueda aportar tanto y otras cuestiones”, manifestó la legisladora.
“Lo cierto es que nosotros ya estamos trabajando con algunos diputados para modificar para cuando ellos traten, porque o sino cuando venga a Senado vamos a estar en un pimpón”, indicó.
Citó al diputado liberal Jorge Ávalos Mariño y su bancada, con quienes se está revisando la propuesta.
Trajo a colación que la intención es que el proyecto de ley se corrija, y dentro de ese contexto también piden por escrito la opinión de la Justicia Electoral.
Mencionó que la propuesta recoge en parte algunas recomendaciones de la OEA.
Señaló que dentro del proyecto hay impresiciones sobre la autoridad de aplicación, ya que se habla indistintamente de Seprelad, Justicia Electoral y Tribunal Partidario.
