Desirée Masi fue consultada por radio Monumental 1080 AM este miércoles sobre los recientes audios filtrados que ponen en duda el origen del financiamiento a las campañas políticas, principalmente del PMAS y Avanza País
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Masi se refirió al proyecto sobre el financiamiento político que se encuentra en la Cámara de Senadores y dijo que hay cuestiones a modificar en la propuesta.
Refirió que el aporte privado a los candidatos “se ha triplicado” y que las personas “con mucho dinero” pueden aportar infinitamente a un partido o movimiento.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn ese sentido, refirió que “si una persona aporta USD 2 millones, es obvio que te pueda extorsionar”, por lo que se debe limitar el aporte privado.
La legisladora consideró que el Parlamento va respondiendo cada vez más a grupos de poder económico, “que tienen poder sobre bancadas, jueces y un montón de cosas”.
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De la misma manera, sostuvo que el financiamiento de las campañas políticas es de acceso público, pero que se imagina que las personas que se mencionan en los audios de Camilo Soares, presidente del PMAS, no aparecen en documentos.
Así también, mencionó que investigar las elecciones pasadas depende de la Justicia Electoral, pero que el proyecto de financiamiento político incluye a otras entidades, como la Secretaría de prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).
Agregó que una de las 12 leyes del conocido como paquete antilavado, que impulsó el Gobierno por recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, aún debe ser reglamentada por la Seprelad y ahí entra el control a las entidades deportivas, las iglesias y fundaciones.
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Asimismo, remarcó que “por más buen candidato que pueda tener un movimiento ciudadano, le es casi imposible competir contra la exposición y posibilidad de propaganda y publicidad de otros candidatos con mayor poder financiero”, restringiendo así la democracia y las opciones de cada ciudadano.
Finalmente, alertó que el próximo 6 de febrero vence el plazo de modificación del proyecto para que las declaraciones juradas sean públicas, ya que la Cámara de Diputados había introducido el requisito de una orden judicial previa.
De no tratarse la ratificación del Senado, el tema quedaría con la versión de la Cámara Baja.
