19 dic. 2024

Desmantelan una red que estafaba a colonos con tierras inexistentes

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Sospechoso. Ljubetic tenía una supuesta inmobiliaria desde donde ofrecía terrenos.

GENTILEZA

Desde 2017, una red de estafa habría estado operando con fuerza en el Segundo Departamento de San Pedro, específicamente en la localidad de Santa Rosa del Aguaray, con la supuesta venta de inmuebles en el Chaco. En un caso, estafó por USD 1.600 millones a una familia de colonos menonitas de Río Verde.

CAYERON. En operativos liderados por los fiscales José Godoy y Lorenzo Lezcano, se detuvo a tres personas, entre ellos Willian Bogarín Campuzano, quien hasta esta ayer era funcionario en Diputados. También cayeron los abogados Ilse Paredes y José Ljubetic Arréllaga. Todos formarían parte de la red de estafa.

En cuanto a Ljubetic, hermano de Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales de la Justicia Electoral, tiene un historial de denuncias por estafa. En este esquema, él supuestamente fungía de abogado. Tenía a la par un estudio jurídico y una inmobiliaria, que los combinaría perfectamente para su fin: Estafar.

Desde su empresa hacía promociones de terrenos y hasta se sospecha que vendía lotes que no eran suyos.

“Tuvo conflictos en específico con mis clientes. Él se ganó la confianza de ellos, después les fue embaucando. Ellos habían tenido la intención de adquirir tierras en el 2016. Les dijo que no se tenían que meter con los colonos, porque les iba a joder”, explicó la abogada Gessy Ruiz Díaz.

Sin embargo, él terminó llevándoles la oferta, de que podía gestionar la adquisición de tierras, “porque sabía dónde estaba liberada la zona para poder pedir al Indert y ahí inicia el trámite”, expuso.

La abogada explicó que ofreció tierras del Chaco, supuestamente pertenecientes al Indert, “supuesto, porque si bien en el Indert hay 5 solicitudes sobre el lote, se superpone con una tierra privada”.

Si bien en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) existen las solicitudes, también hay un informe donde dice que los planos se superponen a unas tierras privadas.

SUPUESTAS GESTIONES. Las gestiones iniciaron, la familia menonita pretendía dos inmuebles, cada uno de 4.000 hectáreas, pero en esa solicitud, Ljubetic no especificó lotes ni dio ninguna característica respecto a la propiedad de la colonia Ñane Mba’e, de Mariscal Estigarribia.

“Con esa solicitud, les sacó USD 400.000”, dijo Ruiz Díaz.

Por un lote terminaron pagando USD 800.000 y mismo monto por el segundo inmueble. En total, se entregó USD 1.600 millones.

Ljubetic dijo que les iba a llevar a conocer las tierras, y cuando estos les pidieron ingresar, les mencionó que faltaba un dictamen del Indert.

Después, la excusa fue que supuestamente personas ingresaron violentamente en la zona, y así iban engañando, según la denuncia.

En cuanto a Bogarín, quien hasta ayer era funcionario del Congreso, él también entró al esquema, promoviendo supuestamente ante las invasiones, un interdicto de recobrar la propiedad. Sin embargo, lo hizo en Villa Hayes, y no en Mariscal Estigarribia, ante un juez que no era competente.

De la estructura también formó parte Paredes, quien también tuvo un poder de los colonos, y se presentaba en el Indert a hacer las peticiones.

Los hechos que se investigan son estafa, producción y uso de documento de contenido falso, evasión fiscal (porque no emitían factura por el dinero que recibían) y asociación criminal.

Hacían solicitudes al Indert sin dar detalles de las propiedades y decían a las familias que los inmuebles fueron invadidos. Sin embargo, eran supuestas excusas, ya que eran tierras privadas.

Eran tierras del Chaco, supuestamente pertenecientes al Indert... pero se superpone con una tierra privada. Gessy Ruiz Díaz, abogada de víctima.

Funcionarios y los delitos No es la primera vez que un funcionario del Congreso es implicado por cometer supuestamente hechos punibles. Respecto a Bogarín, tras salir a luz su detención ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, firmó su cese de funciones como director de Fortalecimiento Institucional. En octubre también la fiscala Norma Salinas imputó a Anadelia Acosta, entonces funcionaria del Congreso, quien habría estafado a familiares de víctimas que debían cobrar de la ANDE G. 800 millones. Este año, el hijo de la diputada Roya Torres también fue imputado por cobro indebido de honorarios, tras cobrar como funcionario y no asistir al Senado.

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Estudio jurídico. En Santa Rosa, incautaron documentos.

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Operativo. Fiscalía allanó propiedad de Bogarín en Lambaré.

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