Hasta hace más de una década, era impensable que un grupo de vecinos salga a las calles a exigir que una empresa constructora deje de explotar un cerro.
Una situación así no era vista como un acto de depredación de un recurso natural, sino como una acción de progreso y una fuente de trabajo para muchos pobladores.
Con este panorama, en épocas de la dictadura stronista, la ciudad de Asunción perdió a una de sus elevaciones más bellas y legendarias, el cerro Tacumbú. En su lugar hoy solo queda un inmenso cráter lleno de agua, sin que haya existido oposición a las obras de cantera que extrajeron toda la piedra del lugar.
Del mismo modo, en la vecina localidad de Ñemby, el cerro, que era su principal referencia paisajística, empezó a ser explotado hace 54 años por una empresa constructora, con pleno acuerdo de las autoridades, en un proceso que lo fue consumiendo, sin que en los primeros tiempos haya encontrado mucha oposición de los propios pobladores, más allá de los puntuales reclamos por las molestias que ocasionaban las demoliciones con explosivos y la existencia del polvo que cubría todo el sector.
Sin embargo, se ha ido creando una nueva conciencia de revalorización del entorno ambiental, que surgió con fuerza en el 2015 cuando el Gobierno intentó llevar adelante un proyecto de explotación del cerro León, en el distante Parque Nacional Defensores del Chaco.
Los pobladores de Ñemby empezaron a alzar sus voces para exigir que su histórico cerro deje de ser demolido. Las movilizaciones ciudadanas han ido creciendo, con respaldo de las autoridades municipales y de la propia Gobernación de Central, llegando en los últimos días a medidas más drásticas, como el cierre de calles, movilizaciones en la capital y la toma del establecimiento donde funciona la cantera.
La lucha cobró aún más fuerza al conocerse que el último contrato de explotación del cerro entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Concret Mix feneció el pasado 28 de mayo, pero el anterior ministro, Salyn Buzarquis, había firmado una adenda en 2013, extendiendo la explotación por diez años más. La no existencia del documento en los archivos del MOPC y el no haber sido refrendado por un decreto confieren sospechas de irregularidad a la negociación.
La movilización de los pobladores de Ñemby es buen ejemplo de una nueva conciencia social en defensa del medio ambiente. El Gobierno debe respaldar estos reclamos, buscando además que las partes que resulten afectadas por la interrupción de la explotación, como los obreros que se quedan sin trabajo, obtengan el debido amparo, pero el interés colectivo debe primar sobre lo particular.