La “captura regulatoria” es corrupción y en Paraguay tiene múltiples manifestaciones. La más visible posiblemente sea la “puerta giratoria”, pero hay otras más difíciles de observar como la existencia de cerca de 40 consejos público-privados en los que participan representantes de gremios particulares y cuya influencia se institucionaliza a través de leyes y decretos. Sin embargo, ello no elimina el problema del conflicto de interés ni mucho menos sus efectos perversos.
Un ejemplo del problema que genera la existencia de consejos con la participación de representantes de sectores involucrados es el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), integrado por rectores de las universidades que a su vez tienen la competencia de habilitar o no a otras que eventualmente pueden ser vistas como competidoras. Es decir, son “juez y parte” a la vez.
Otro caso excepcional es el Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público en el que se encuentra representado el gremio de los transportistas, no así de los usuarios. Este consejo, como el anterior, es contrario a cualquier principio relacionado con la buena y eficiente gestión pública.
El fenómeno de “puerta giratoria” o también llamada “circulación público-privada”, entendida como el mecanismo a través del cual autoridades, gerentes o trabajadores provenientes del sector privado entran al sector público o viceversa genera riesgos, pues pueden beneficiar a un sector o en el peor de los casos a su propia empresa y cuando salen llevan información privilegiada que atenta contra los principios de la libre competencia.
En algunos países la existencia de este fenómeno se concibe como una coima anticipada, ya que a cambio de decisiones a favor de ciertos sectores o empresas se promete a funcionarios públicos su vinculación a las empresas una vez finalizado su periodo de gestión pública.
La regulación de la “puerta giratoria” implica el establecimiento de plazos entre la salida del sector público y la entrada a las empresas o sectores relacionados, la existencia de oficinas de conflicto de interés que revisen las hojas de vida y el diseño de los sistemas de incentivos, incluyendo la penalización del delito. En Paraguay no se logra aprobar en el Congreso esta regulación, lo cual demuestra el poder de los intereses particulares.
Pero los desafíos en torno al tema no se encuentran solo en la eliminación de los consejos público-privados que incluyan conflictos de interés y a la regulación de la puerta giratoria, sino también la aprobación de una ley que regule el “lobby”.
Las decisiones públicas con influencia de sectores particulares no solo afectan a la legitimidad de la gestión pública, sino también a la eficiencia económica, tanto pública como privada. Solo basta el ejemplo de los sobrecostos pagados por el Estado cuando existen de por medio la influencia de los proveedores privados o, en el caso del transporte público, los costos del subsidio y de la tarifa para el usuario. Sin considerar la pérdida de eficiencia económica derivada del ausentismo o las llegadas tardías de trabajadores o los obstáculos que enfrentan las mujeres y las personas con alguna discapacidad para desarrollar sus capacidades laborales.
Una de las mayores reformas que debe impulsarse es la regulación y penalización de todos estos mecanismos que terminan socavando las posibilidades de mejorar la productividad económica y de avanzar hacia procesos más democráticos en la construcción del Estado.
