La medida será aplicada durante la investigación administrativa establecida a través de un sumario y la investigación penal realizada por el Ministerio Público.
“Está siendo investigado por tortura”, afirmó ayer el fiscal Édgar Torales sobre Díaz Aguilera, quien admitió que sus subordinados se sobrepasaron, durante una conversación informal, de acuerdo a lo revelado por el representante del Ministerio Público.
La versión de los militares es que fueron emboscados por presuntos contrabandistas, quienes les recibieron con una lluvia de balas cuando iban a verificar cajas halladas a orilla del río Paraná.
El capitán de navío Díaz encabezó varios operativos contra manifestantes en la zona primaria, donde prohibió la presencia de terceros, incluyendo periodistas. Dos subordinados habían golpeado al periodista Gustavo Galeano, porque este tomaba imágenes de la zona primaria para el medio de comunicación donde trabaja. Los militares a su cargo también fueron denunciados por acoso sexual en estado etílico y pedido de coima para pasar sin guardar la cuarentena obligatoria, luego de haberse cerrado la frontera para el paso de personas, excepto los camioneros. La víctima había acusado a un militar de apellido Sánchez como autor del hecho, que fue desmentido por las autoridades de la Armada, quienes señalaron que harían un sumario para investigar el caso denunciado en mayo.
Activistas sociales que realizaban filmaciones en la zona primaria también fueron detenidos y golpeados por los militares a su cargo. Estos casos fueron a parar a la Fiscalía, pero se desconoce el resultado de las investigaciones.
Durante la pandemia, los militares detuvieron a cerca de 300 personas y se incautaron de más de 250 embarcaciones, por violación de la cuarentena obligatoria, además de la incautación de estupefacientes y mercaderías que eran transportados por los contrabandistas, en las inmediaciones de los barrios San Miguel, Remansito y San Rafael de Ciudad del Este, además de intervenciones en Hernandarias, Presidente Franco, Domingo Martínez de Irala y Ñacunday.
Por otro lado, la delegada de la Defensoría del Pueblo, abogada Blanca Segovia, sostuvo que la institución acompañará las investigaciones del Ministerio Público con relación a las violaciones de los derechos humanos denunciadas por los detenidos y sus familiares. La intervención fue desde el primer momento y por pedido de los familiares acompañaron a los detenidos durante su declaración indagatoria, pero tomaron los datos y las imágenes de los afectados, afirmó.