El concejal liberal Billy Vaesken informó que la Junta Departamental de Central decidió destituir a Hugo Javier González de su cargo al frente de la Gobernación. Alegaron que González abandonó el cargo, ya que no acudió a cumplir con sus funciones. “Se cerró la posibilidad de que él vuelva”, agregó el edil en comunicación con 1330 AM.
Por otro lado, confirmaron al colorado oficialista Gustavo Machuca como nuevo gobernador de Central y eligieron al concejal liberal Daniel Ferreira como nuevo presidente de la Junta Departamental.
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Vaesken dijo que se dio un corte definitivo a la posibilidad de que Hugo Javier vuelva a intentar retomar el cargo en caso de recuperar la libertad ambulatoria, por el caso en el que se encuentra procesado, con el objetivo de darle nuevamente estabilidad a una institución afectada y dañada por la corrupción.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl edil señaló que esperan que con la nueva administración se reimplementen las políticas sociales y también se esclarezcan los hechos denunciados.
Una mayoría de colorados oficialistas y liberales ya había elegido el pasado 26 de abril a Machuca como gobernador interino de la Gobernación, en reemplazo del colorado cartista Hugo Javier González, quien se encuentra imputado por presuntos hechos de corrupción y sin poder acudir a trabajar.
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Los ediles de Honor Colorado se habían mostrado en contra de cambiar al gobernador y criticaron incluso los intentos para hacerlos votar por Machuca.
Un grupo de liberales llanistas también habían manifestado su rechazo, debido a que buscaban posicionar al liberal Lidio Ortiz como nuevo gobernador, aprovechando la división de los colorados. En una votación reñida, Machuca se había quedado con el cargo con 11 votos sobre 10.
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Hugo Javier fue imputado junto a 14 personas por el presunto uso irregular de dinero de la Gobernación, que debía ser destinado a obras para la reactivación económica en el marco de la lucha contra el Covid-19.
Además del arresto domiciliario, se produjo el embargo de un inmueble valuado en G. 1.500 millones, propuesto por la defensa del procesado.
