De los 13 detenidos e imputados en el caso de la supuesta venta de cargos para el Instituto de Previsión Social (IPS), 7 son funcionarios o ex funcionarios, algunos están en proceso de sumario, no se les renovó el contrato o fueron desvinculados.
A aquellos contratados imputados se les desvinculó. En el caso de los que tienen rango de permanentes están bajo sumario, suspendidos en sus funciones y sin goce de sueldo, explicó a UH el abogado José González, director jurídico del IPS.
“Nosotros, por los estatutos, hemos realizado primero una auditoría de sumario (a los funcionarios permanentes) y luego del resultado del sumario se determina si se les destituye o no, o qué sanción se les da, pero el sumario queda supeditado luego de la resulta de la causa penal”. La causa penal puede durar entre dos y tres años.
Hay un funcionario que sigue prófugo, está identificado como Juan Frutos, dijo el director jurídico del IPS. Con esta cifra son ocho los funcionarios implicados en la red de venta de cargos en la previsional. Dependiendo del avance de las investigaciones, se amplían las imputaciones.
La única funcionaria contratada es María Luján Aguilera Chaparro. En el caso de Zulma Verónica Villalba Colmán, el contrato venció el 31 de diciembre del año pasado.
Los que figuran como permanentes son José Genaro Santacruz Frutos, Fátima Adelaida González, Eduvigis Espínola, Reina Torres y Jorge Manuel Juvinel Ferreira.
SECRETO A VOCES. Desde que asumieron las nuevas autoridades, aparecieron las denuncias anónimas de las ventas de cargos para el IPS, pero no había pruebas. Sin embargo, en enero se logró que una persona participe en la entrega vigilada, en la que detuvieron a los primeros implicados, posteriormente fueron encontrando vínculos con otras personas, relató el director jurídico.
“También teníamos denuncias anónimas y de personas que sí se identificaban, de que en IPS supuestamente se vendían contratos, categorizaciones, ascensos, y de que se firmaba una planilla en una fundación, y que parece que la fundación también podría estar implicada porque pagaba salario a personas que no son de esta institución”.
El asesor jurídico dijo que estiman que hay 3.000 personas que pagaron por un puesto, pero no ingresaron. Hasta la fecha no detectaron aún ningún caso de que alguien haya accedido a un cargo en el IPS a través de esta red, señaló. Pero, tras los nuevos allanamientos se analizarán los documentos y equipos, por lo que podrían aparecer los primeros casos.
Si detectaran a personas que ingresaron al IPS por medio de la red o recategorizaciones, se procederá a analizar cada caso, si es contratado se procederá a la desvinculación inmediata, en caso de ser nombrado o permanente, se hará el sumario, explicó el abogado González.
MODUS OPERANDI. Incluso, detectaron que la red operaba supuestamente en los pasillos del Hospital Central, pero tras las primeras denuncias, se trasladaron a una casa particular para proseguir con el supuesto enrolamiento, relató el director jurídico.
Además, algunos eran ubicados en oficinas precarias para simular que obtuvieron el puesto y seguir con la estafa a otras personas, que pagaban de G. 2 millones hasta G. 20 millones. También, se presume que una oenegé pagaba a los supuestos funcionarios, según las pesquisas.
3.000 personas aparentemente pagaron para obtener un puesto laboral o alguna recategorización en el IPS.
20 millones de guaraníes es el monto máximo que supuestamente pagaron las personas por un puesto laboral.
