El informe indica que podrían haber más funcionarios públicos cobrando el subsidio de G. 500.000 para personas en situación de pobreza y desempleo, considerando que un 43% de los organismos y entidades del Estado no están al día con la entrega de sus datos a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ñangareko es un programa que consiste en transferencias monetarias para la compra de alimentos y productos de higiene a unas 330.000 familias cuyo medio de subsistencia está siendo afectado por las medidas establecidas para evitar la propagación del Covid-19.
“Se encontró coincidencia en el listado de Ñangareko y las bases de datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública en 121 ocasiones, 12 de ellos son permanentes y los otros 109 son funcionarios contratados. Es decir que estas personas además de seguir cobrando sus sueldos en las distintas entidades públicas a las que pertenecen, también recibieron los G. 500.000 de subsidio”, señala el estudio que se difundió ayer.
HALLAZGO. El estudio detalla que de los 121 funcionarios identificados, 76 perciben más de G. 1.100.000 mensuales, y los demás 45 serían funcionarios con ingresos inferiores a este monto. El listado fue entregado a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dirigida por el ministro René Fernández, para su investigación correspondiente.
“Según el portal Rindiendo Cuentas, ya se entregaron 259.663, de los 330.000 previstos. Las medidas correctivas deben ser tomadas cuanto antes para evitar que en estas 70.000 transferencias restantes no se le transfiera también a personas que no deberían recibir este apoyo, según la ley de emergencia”, advierte.
Los funcionarios públicos en cuestión se exponen a sanciones de índole penal, considerando el artículo 3 del Decreto 3495, se establece que los funcionarios públicos (permanentes y contratados) estaban exceptuados de este beneficio, ya que seguirían percibiendo sus haberes con normalidad.
CLIENTELISMO. El informe manifiesta que varios casos corresponden a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de agentes de la Policía Nacional, pero la mayoría son funcionarios de gobiernos municipales con relativamente bajos salarios.
“Estos habrían visto complementados” sus ingresos con un cobro indebido, muy posiblemente alentado o tolerado por las autoridades locales, revelando la vigencia del esquema de clientelismo político tan arraigado en el país”, dice el informe.
Otros detalles señalan que en el listado aparecen cinco funcionarios con salario declarado menor a G. 300.000, y otros casos en los que solo en el mes de marzo percibieron G. 21 millones y funcionarios con años de antigüedad trabajando en altas dependencias estatales.
REACCIÓN. La que no dudó en reaccionar apenas se hizo público el informe fue la senadora del PDP Desirée Masi, quien se preguntó si “estos delincuentes ya están denunciados o imputados”.
Felicitó a IDEA por el trabajo y pidió que Hacienda, Anticorrupción y la Fiscalía accionen.
