La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el traslado se inició cerca de las 9:00 de esta jornada. El grupo de mujeres partió primero desde la base de la institución rumbo al Departamento de Judiciales. Aproximadamente, 40 minutos más tarde salieron los detenidos varones.
El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, decretó en la víspera la prisión preventiva de nueve de ellos y concedió a cuatro arresto domiciliario a pedido del Ministerio Público.
El abogado Alfredo Duarte Montiel, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonzo Prieto, Jorge Fernando Mora, Adrián Rolando Brizuela Olmedo y Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quienes fueron capturados en Pedro Juan Caballero, Amambay, tienen prisión preventiva.
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Este último cumplirá su prisión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mientras que las mujeres irán al Centro Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor.
En estos penales también estarán recluidos los aprehendidos en Asunción tales como el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, Adrián Rolando Brizuela Olmedo y Gabriela Esther González Jacquet.
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Aquellos que fueron beneficiados con arresto domiciliario son Raquel Amaro Fernández, porque es madre lactante; y Renán Gilberto Mora Benítez, debido a que es un adulto mayor de 71 años.
Asimismo, Pedro Pablo Seal Melgarejo y Lilian Haydée Ayala Da Silva, porque alegan que las conductas desplegadas por los dos habrían sido muy puntuales y con circunstancias muy distintas a los demás, por lo que pueden acceder a medidas cautelares menos gravosas.
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Una vez que los 12 detenidos se constituyan en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, después cada uno será derivado a los lugares donde deberán cumplir con sus respectivas prisiones preventivas y arrestos.
La operación Pavo Real desplegó días pasados 41 operativos en distintos puntos del país y se centraron en allanar establecimientos rurales que simulaban actividades agroganaderas, pero que en realidad eran piezas claves en la logística del tráfico aéreo internacional de sustancias y el ocultamiento de armas.
De las 13 estancias, 12 eran utilizadas por los miembros de la organización criminal de Jarvis Chimenes Pavão, condenado a 23 años de cárcel por narcotráfico en Brasil.