Los riesgos relacionados con el endeudamiento irresponsable empiezan a concretizarse. Las autoridades fiscales anunciaron que el aumento de las recaudaciones tributarias se destinará al plan de convergencia, que básicamente significa garantizar el pago de la deuda. Esto no sería un problema si no existiera una deuda social acumulada que ubica a Paraguay en niveles de desarrollo al que han llegado los países de la región a finales del siglo pasado y demandas colectivas como medicamentos, calidad de la educación y pobreza extrema.
Los riesgos fueron alertados desde hace más de una década, cuando se inició un endeudamiento casi desenfrenado. Paraguay alcanza niveles de desarrollo de finales del siglo pasado, y tiene demandas sociales como Arancel Cero, salud, calidad de la educación, personas mayores en situación de pobreza sin pensión alimentaria e indígenas en situación de pobreza extrema.
La situación empeora si consideramos que no se observan efectos multiplicadores de la deuda de manera que las obras que se hayan financiado estén produciendo al menos una parte de los recursos necesarios para su repago. Todo ello sin considerar que, a pesar de esas obras, la economía sigue dependiendo de factores exógenos, con lo que otro de los argumentos a favor del endeudamiento acabó siendo una falacia. Se suponía que el aumento de la infraestructura derivada de los bonos ayudaría a una economía más resiliente; sin embargo, la volatilidad continúa así como la vulnerabilidad a la crisis climática.
Muchos son los problemas que están detrás. Por un lado, parte de la deuda se destinó a refinanciar deudas anteriores y no a inversión. En segundo lugar, muchas de las inversiones se realizaron en ámbitos de escaso efecto multiplicador en el empleo y en el sistema tributario, además de que contribuyeron a profundizar una estructura productiva basada en exportaciones de productos agropecuarios vulnerables al clima y a los precios internacionales. En tercer lugar, la corrupción y la ineficiencia restaron efectividad a los fondos provenientes de deuda.
El aumento en las recaudaciones debería haberse destinado a mejorar la calidad de vida de la población. La corrupción y los problemas de eficiencia en el manejo de los recursos del Estado deslegitiman la gestión pública, situación que empeorará si no mejoran las condiciones de vida.
Paraguay invierte la mitad de lo que debería en salud y educación. Eso hace que nos ubiquemos entre los peores países de la región en cualquier tipo de indicador: Cobertura, calidad, gasto de bolsillo y endeudamiento de los hogares. La crisis de la agricultura familiar está afectando duramente a las familias productoras por la reducción de sus ingresos laborales y a los consumidores debido a la inflación de alimentos.
El malestar ciudadano se manifiesta de diferentes formas: Los adolescentes pidiendo mejor infraestructura escolar, la juventud en torno al Arancel Cero, las personas enfermas casi diariamente manifiestan sus protestas, los campesinos con sus marchas, los indígenas asentados en Asunción. Estos focos de conflictividad corren el riesgo de acentuarse complicando más todavía la situación económica. Las peores señales en torno a la deuda social son la persistencia del 25% de la población en situación de pobreza desde hace una década o la mortalidad materna a niveles del siglo pasado si comparamos con países como Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, México o Colombia. Detrás de una muerte materna, generalmente, hay una muerte neonatal y un hogar con niños que queda sin una madre. Un país que no logra garantizar una alimentación sana y la vida de las mujeres y el bienestar de la niñez no puede de ninguna manera hablar de un éxito económico. El Ministerio de Economía y Finanzas está garantizando el pago de la deuda a costa de la inversión en ámbitos básicos de la vida de las personas, que además son quienes con sus impuestos están contribuyendo a pagar esa deuda cuyos beneficios no disfrutaron.
Una política fiscal que no sirve para garantizar los derechos de la ciudadanía y que solo se preocupa por el déficit público y pagar la deuda tiene una grave problema ético y claramente no cumple con el contrato social ni con los valores de la democracia.
