El aumento sin pausa de la deuda pública pone en riesgo no solamente las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, sino fundamentalmente el contrato social, que, de hecho, dadas las condiciones de vida en Paraguay es un contrato incumplido. Mantener la política de endeudamiento en la inercia tiene efectos presentes que se agudizarán en el futuro, generando presiones a la ciudadanía cada vez más importantes, especialmente para la infancia y adolescencia que deberán hacerse cargo de la sostenibilidad de la deuda en el futuro sin haberse beneficiado en el presente.
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Informe de Deuda Pública con datos al término de 2024. El saldo del pasivo del sector público total alcanzó la suma de USD 18.083,2 millones, equivalentes al 40,7%. La deuda externa ascendió a USD 15.722,2 millones, lo que representa el 86,9% de la deuda total y el 35,4% del PIB. La deuda interna se situó en USD 2.361 millones, equivalentes al 13,1% de la deuda pública total y al 5,3% del PIB. La mayor parte de la deuda pública, un 87,0%, está denominada en dólares estadounidenses con un gran peso de las emisiones soberanas en los mercados internacionales en dicha moneda.
Nuestra Constitución señala que la República del Paraguay es un país libre e independiente y se constituye en un Estado social de derecho con un fuerte pilar en la solidaridad, tal como se explicita en varios artículos de la Carta Magna.
El alto peso que tienen las emisiones de bonos en dólares no solo constituyen un problema de soberanía e inestabilidad macroeconómica. Por un lado, estos bonos están sometidos a reglas internacionales que se dirimen en instancias judiciales en el exterior. Por otro lado, al estar en una moneda extranjera, se limita la capacidad de la política económica para enfrentar la volatilidad internacional en un momento de la historia económica de gran incertidumbre, no solo por los fenómenos, sino también por los liderazgos vigentes.
El problema de la deuda no es el déficit, sino el mal gasto y la corrupción, y las bajas recaudaciones tributarias. Si bien las autoridades económicas continuamente prometen mejoras en la calidad del gasto, la sensación ciudadana es que la situación empeora cada vez más debido a la corrupción sistemática en los tres poderes del Estado.
Por otro lado, el país sigue aumentando su producto interno bruto (PIB); por lo tanto, la deuda generada debería ser asumida por quienes se benefician de ese crecimiento, que no son precisamente los trabajadores. Si se analiza la evolución de los ingresos laborales, se observa que estos crecen a un ritmo tan lento que la inflación de alimentos y combustibles no solo absorbe dicho aumento, sino que incluso los deteriora, llevándolos a niveles de una década atrás. Esto explica la negativa de la población de hacerse cargo de los costos de las rutas a través de los peajes.
Tal como está nuestro sistema fiscal, los impuestos y los peajes son sumamente inequitativos. Un sistema impositivo basado en impuestos indirectos e infraestructura mantenida con peajes no hace más que profundizar la desigualdad. Un ejemplo es el mozo que va a San Bernardino a trabajar en auto y, teniendo en cuenta las estadísticas oficiales si tiene suerte, a ganar un jornal mínimo, pero sin seguridad social ni beneficio por trabajo nocturno o en fin de semana, paga el mismo peaje que un vehículo de alta gama, cuyo propietario tiene una casa de USD 100.000 o más en la citada localidad.
El reajuste del precio de la chipa para enfrentar el incremento del peaje fue una triste expresión que refleja la invisibilidad de la desigualdad extrema y de los problemas que enfrenta cotidianamente casi el 90% de la población en Paraguay.
El alto endeudamiento público está desgastando un contrato social ya debilitado por la ausencia de desarrollo en el país, lo que se demuestra con los altos niveles de pobreza y vulnerabilidad, la mala calidad de la educación, la inexistencia de cobertura universal de salud y baja cobertura de seguridad social, entre otras variables claves para el bienestar.
El pago de la deuda ya está implicando mantener a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin logros en el aprendizaje, con una mala salud y nutrición y vulnerables al cambio climático. Esta población que no se está beneficiando con la deuda es la que está pagando actualmente por el abandono estatal que enfrentan y va a tener que pagarla con sus impuestos sin tener las capacidades y oportunidades suficientes.
