Los sanatorios privados, así como sucede en todo el sistema público de Salud, ya no tienen camas disponibles para internar a más pacientes con Covid-19; al menos para quienes están críticos y precisan de mayores cuidados en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
De las 90 camas dispuestas por el sector privado, en el marco del convenio con el Ministerio de Salud Pública (MSP), 86 están ocupadas actualmente por pacientes llegados de hospitales públicos. Las cuatro restantes las usan los asegurados. “Ya llevamos varias semanas con la ocupación al 100%”, suscribe el doctor José Zarza, presidente de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados.
Hasta la fecha, en un lapso de siete meses, un total de 674 pacientes Covid fueron derivados del público al privado. Estos traslados tienen lugar desde setiembre último.
Descontando los 86 ingresados, al jueves pasado, son 588 pacientes los que pasaron por algún sanatorio hasta ahora. Tomando como referencia el promedio de internación que va de 25 a 30 días, se estima que entre G. 250 y 300 millones por paciente es el gasto que absorbe un sanatorio. Esto supone que el Estado adeuda G. 147.000.000.000 (USD 23 millones al cambio actual), como mínimo.
Esta ecuación, llevada al máximo costo estimado, representa G. 176.400.000.000 (USD 27 millones). A este monto, si se le suma la cantidad de pacientes internados actualmente, se elevaría a otros G. 21.500.000.000, al menos USD 3.380.000.
De todos estos números, el MSP desembolsó solo el 20%. “A esta altura, pasaron más de 500 pacientes por el sector privado y de eso se ha abonado no más del 20%, por aproximadamente 100 pacientes. Hay un atraso importante”, comparte Zarza.
La tardanza en el pago por parte de la cartera sanitaria “es una preocupación” en virtud de que ellos también deben asegurar la sostenibilidad de la cobertura médica. “En el sector privado se tienen que pagar todos los costos (insumos, medicamentos, honorarios, etc.) y en el convenio se establecía un pronto pago de no más de 60 días, a partir de la presentación de los casos, de los expedientes de los pacientes”, apunta.
“EXIGENCIAS INNECESARIAS”
El convenio con el MSP establece algunos detalles técnicos –dice– que cada sanatorio debe completar en la presentación de los expedientes y, por otro lado, se dispuso una suma fija de facturación de G. 13.000.000 por paciente por 24 horas.
“Hay exigencias que los sanatorios consideran innecesarias, en el sentido de que hay un monto fijo que pagar por cada paciente”, señala. Entre los aspectos que “están de más” se pide, por citar: “Origen de las drogas, de qué laboratorios son, fechas de facturación con los proveedores, etc. Cosas que no hacen de ningún modo al cumplimiento del contrato y al cuidado de los pacientes”, postula.
Además, cuestionan que el Ministerio tarda demasiado en verificar las carpetas de cada paciente. “Estos requisitos son de licitaciones clásicas, por decirlo así, donde cada prestador debe justificar plenamente; porque se cobra por cada ítem, por el precio del medicamento, etc., lo cual hace que se deba ser muy riguroso. Pero en este convenio en particular no es así, porque acá hay precio fijo”, recalca el representante del gremio y califica de irracional tanta exigencia: “El sanatorio se responsabiliza por la atención y provee todo lo necesario para el cuidado de cada paciente por un monto fijo. Por lo tanto, no es razonable tanta insistencia; más aún cuando tienen tan poco personal para revisar y eso hace que se retrase tremendamente”, insiste.
Y, por lo mismo, refiere que se incumple con el compromiso inicial de que se pagase por lo menos en dos meses de plazo.
OBLIGADOS A REVISIÓN FINA
El doctor Ángel Núñez, director de Terapias y Urgencias Hospitalarias del MSP, asegura que todo el equipo de la dirección a su cargo tiene la misión de auditar exhaustivamente cada una de las carpetas que llegan de los sanatorios privados. Bajo análisis tienen, hoy, alrededor de 50 carpetas.
“El proceso de auditoría implica un componente administrativo y otro asistencial. El componente asistencial otra vez está dividido en tres etapas: La parte médica, la parte de enfermería y los servicios sociales”, explica al señalar que efectúan toda la comprobación de los gastos absorbidos por el privado con cada uno de los pacientes derivados.
Y aclara: “Si uno de esos aspectos no se cumple, nosotros les retornamos las carpeta a los sanatorios para que ellos completen los documentos necesarios para poder procesar esas carpetas”.
Indica que esos son requisitos estipulados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República (CGR), porque el pago se da en el contexto de concepto de gastos, que implica pagos de servicios.
“Cuando se va a pagar por servicios implica una serie de documentos que me pide a mí la Contraloría y que debo presentar para poder justificar eso. No es un capricho de la Dirección de Terapias Intensivas ni del Ministerio ni del ministro de Salud”, dice.
Es decir, si no cuentan con los documentos respaldatorios no pueden librar la orden de pago por servicios prestados a la Dirección General de Administración y Finanzas.
En todos los casos, acota, se abona lo que corresponde y son G. 13 millones por paciente, por día. “Si el paciente estuvo un día y medio, se tienen que abonar los G. 13 millones que corresponden a un día y la mitad (G. 7,5 millones) del día siguiente”, grafica.
La duración en el análisis de una carpeta depende del tiempo de estancia del paciente. “Hay quienes están solo tres a cinco días en terapia; otros se quedan entre 15 a 20 días y están los que superan el mes de internación”, separa y reseña que el promedio de internación está cercano actualmente a los 19 días. “Al principio de la pandemia estaba entre 13 y 15 días. Eso era con una mayoría de adultos mayores que padecían alguna comorbilidad; lo que hacía que se complique su caso de Covid. Y ahora, hace como dos meses atrás, se está viendo que los pacientes son mucho más jóvenes y que no necesariamente tienen patologías de base y, en ese contexto, resisten más en terapia intensiva, por decirlo de algún, y su internación se prolonga”, compara.
Este es el principal factor que dificulta el recambio de pacientes internados en UTI.
