De los diez intendentes, tres son del Departamento de Paraguarí, mientras que los demás son de Central, Canindeyú, Guairá, Concepción, Alto Paraguay, Alto Paraná y el último de la capital del país.
IMPUTADOS. Uno de los casos es el del jefe comunal de la ciudad de Acahay, Alcides Sosa, imputado en noviembre del 2020, por supuesto esquema de desvío de fondos. Se sospecha que junto a otros habría creado empresas y para obtener beneficios patrimoniales ilícitos.
Otro de los procesos más conocidos es el que enfrenta el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, imputado por supuesta producción de documentos no auténticos por una licitación en la cual fue beneficiada la empresa recolectora Empo Ltda.
Por otra parte, en octubre del 2020, fue imputado el intendente de Independencia, Francisco Nene Chávez, tras un allanamiento donde se encontraron más de 3.000 kilos de azúcar presumiblemente de contrabando. Esos productos se pretendían repartir a través de kits alimenticios.
También está en la mira el jefe comunal de Arroyito, Samuel González, procesado por presunta lesión de confianza, por obras fantasmas inconclusas. Se sospecha un perjuicio de G. 732.600.000.
El intendente Mario Noguera, de Juan León Mallorquín, está imputado a raíz de una denuncia de un supuesto desfalco de G. 967.773.411.
Está procesado también el edil de San Roque González, Óscar Alfonzo, por entregar kits con alimentos vencidos, “no aptos para consumo”.
Por último, este año fue imputado Luciano Cañete Galeano, jefe comunal de Carapeguá, por la aprobación de un loteamiento para una empresa con documentos falsos.
ACUSADOS. Por su parte, de los acusados y que enfrentarán juicio está el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, acusado por supuestamente desviar los fondos para merienda escolar, y construcción de aulas.
También está el caso de Carlos Haitter, titular de la Comuna de Salto del Guairá, quien está por enfrentar juicio por una supuesta lesión de confianza de su anterior administración (2005-2010). La auditoría y Contraloría dicen que hay un faltante de G. 1.200 millones.
Por otro lado, el titular de la Intendencia de Fuerte Olimpo, Sergio Rubén Cuéllar, debe enfrentar juicio oral ya que fue acusado junto a su administrador por lesión de confianza. Habría un perjuicio de G. 418 millones de los fondos del Fonacide.
Ex ediles también
En los últimos días saltaron varios casos de ex intendentes procesados por irregularidades cuando estaban al frente de las comunas.
Uno de los casos es de Hernán Adolar Schlenderl, ex jefe comunal de Jesús de Tavarangue, quien enfrentará juicio oral. El político ya tiene procesos por lavado y enriquecimiento, por estar ligado supuestamente al narcotráfico.
Por otra parte, está el ex edil de Tomás Romero Pereira, Hermenegildo González. La denuncia habla de un perjuicio de G. 3.000 millones.