Resolver sobre la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional de la pérdida de investidura aún llevará su tiempo en la Cámara de Diputados, mientras varios casos seguirán en espera.
El pasado miércoles, la comisión especial que se encargó de analizar y elaborar el proyecto de reglamentación, presentó ante el pleno dos proyectos de ley que fueron derivados a otras comisiones asesoras.
De esta manera, se seguirá dilatando la posibilidad de contar con un procedimiento a seguir cuando se presente un pedido de pérdida de investidura.
El diputado colorado Derlis Maidana, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales –explicó el presidente de la Cámara, Miguel Cuevas (ANR)– remitió los citados proyectos al órgano asesor a su cargo.
“Nosotros vamos a incluir en el orden del día el análisis de los dos proyectos, tanto el que establece que la juzgadora sea la Cámara como que sea la Justicia Electoral y su posterior tratamiento en plenaria ya no depende de nosotros”, acotó.
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La intención de los parlamentarios es seguir dilatando la reglamentación del citado artículo constitucional y que ya no sea tratado este año, con lo que se le seguirá beneficiando a aquellos legisladores que están lejos de honrar la investidura con que los premió la ciudadanía.
EXCUSA. Recordemos que la comisión especial se creó como excusa para no tratar el pedido de pérdida de investidura presentado en contra del diputado liberal Carlos Portillo, que enfrenta un proceso judicial entre otras cosas por tráfico de influencia.
El dirigente liberal recibe el apoyo de las bancadas coloradas, porque en dicho sector se encuentran varios candidatos a perder su investidura, entre ellos Tomás Rivas, imputado por varios delitos y tiene un caso calcado al de su correligionario, José María Ibáñez, quien fue obligado a renunciar a su banca.
También en la Cámara de Senadores están varios legisladores que enfrentan procesos judiciales y será la Cámara la revisora del documento una vez que se apruebe en Diputados.
Uno de los proyectos establece que el órgano juzgador sean los mismos parlamentarios, bastará la firma de cinco senadores, en el Senado, para el inicio del procedimiento, y de ocho diputados, en la Cámara Baja, y se necesitará de mayoría simple para su aprobación.
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Por otra parte, el proyecto que eleva al TSJE como juzgador establece que el Tribunal Electoral de la Capital se encargue en los procesos de pérdida de investidura en primera instancia, a solicitud de la cámara correspondiente, mientras que el Tribunal Superior de Justicia Electoral será competente para decidir el recurso de apelación.