Los fiscales Marcelo Pecci y Alicia Sapriza dieron algunos detalles del allanamiento en la Dirección de Material Bélico (Dimabel), tras la desaparición de fusiles de guerra y pistolas.
“El crimen organizado tiene gente infiltrada en todos los ámbitos. Hay muy buenos funcionarios estatales en la Dimabel, pero tenemos sospechas que otros no lo son”, explicó el fiscal Pecci ante la sospecha de que desde la unidad militar estarían comercializando con armas que fueron incautadas en distintos procedimientos.
La investigación fiscal se dio luego de que fueron incautadas del grupo criminal Comando Vermelho (CV), en un operativo que abortó el rescate del narcotraficante Marcelo Piloto en el 2018.
Este lote ya debió ser destruido por los militares; sin embargo, en marzo de este año, una de las armas fue encontrada de vuelta en un procedimiento, en poder de Freddy Esteban González, supuesto sicario que habría participado en la liberación de Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, donde mataron al comisario Félix Ferrari.
Teniendo estos datos, la fiscala Sapriza encabezó un allanamiento en la Dimabel para verificar si el lote de armas estaba completo.
“Faltarían pistolas de ese lote. Siete a ocho estarían faltando. Con respecto a los fusiles, están algunos sin accesorios y les falta el mecanismo de disparos”, explicó la agente fiscal.
Sapriza también reveló que los militares no pudieron entregar un documento que justifique el faltante ni por qué una de las armas llegó a poder del supuesto sicario.
La agente del Ministerio Público aclaró que si bien ya tenían desde marzo la información, pasaron siete meses para poder realizar los análisis criminalísticos para poder hacer el allanamiento.
Los fiscales se mostraron preocupados por la falta de respaldo en documentos de los militares, ya que sostienen que en varias ocasiones pidieron documentos, pero no hubo respuesta positiva.
Esto facilitaría que las armas, que deberían ser custodiadas y destruidas, lleguen de vuelta a manos de criminales.
Abrirán sumario
Autoridades de la Dimabel, durante una rueda de prensa, anunciaron que se ordenó un sumario para determinar si hubo un error. Negaron que no existan documentación de las más de 11.000 armas que están depositadas en el lugar por orden judicial. Indicaron que están a disposición del Ministerio Público y que son los más interesados en que se aclare la situación, que podría ser una mancha para la institución castrense.