Óscar Elizeche Landó, director general de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Dinapi, explicó este jueves, en entrevista con NPY, los alcances del proyecto de ley que pretende modificar el artículo 123 de la Ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
El documento establece en dicho artículo, en su inciso 4°, la aplicación de una tarifa adicional de 10% a las plataformas de streaming de reproducción de músicas y audiovisual, donde se incluye a Spotify y Youtube.
La Cámara de Diputados debía estudiar la propuesta el último miércoles, pero no lo hizo.
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El director de la Dinapi manifestó en la víspera que se opuso a la versión inicial que se presentó en agosto del año pasado y que tampoco está de acuerdo con esta nueva versión.
Elizeche Landó explicó que Diputados realizó una audiencia pública al respecto y luego llamó a cuarto intermedio para dar la oportunidad de introducir nuevos aportes a la iniciativa. Habiendo nuevas recomendaciones, se volvió a plantear su estudio en las últimas semanas.
Sin embargo, aún así, el director de Derechos de Autor y Derechos Conexos señaló que no será posible su aplicación en el país.
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“El proyecto menciona que Dinapi debe reglamentar cómo se va a cobrar (el 10%) en un plazo de 90 días, lo cual no consideramos viable, porque desde el 2015 que se está debatiendo al respecto y no hay una ley a nivel mundial”, sostuvo.
Manifestó que este año acercaron la posición de Paraguay al organismo internacional que administra todas las oficinas de propiedad intelectual, pidiendo un estudio más pormenorizado y profundo de posible manera, y que hasta el momento no han recibido respuestas.
Agregó que es una situación que también afecta a otras naciones del mundo.
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En un principio se creyó que el proyecto de ley era promovido por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, pero en realidad proviene de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-PY).
La entidad de gestión busca crear el derecho a la remuneración equitativa a través de un derecho existente, que es el derecho de puesta a disposición.
Los diputados que firmaron el proyecto son Hugo Ibarra, Derlis Maidana, Carlos María López, Arnaldo Samaniego, Juan Carlos Nano Galaverna, Ángel Paniagua, Eusebio Alvarenga, Jorge Brítez, Carmen Giménez, Miguel Cuevas, Jazmín Narváez. También había suscrito Tito Ibarrola, quien decidió luego retirar su firma.