17 feb. 2025

Dinavisa rastrea venta irregular de fentanilo y apunta a un posible esquema

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) está tras las pistas del origen del fentanilo, considerado un narcótico sintético, y la morfina que se comercializaban en forma irregular en farmacias que fueron allanadas el jueves.

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Dinavisa investiga el origen de los fármacos incautados en prosecución de la operación Morfeo.

Foto: Senad.

La doctora María Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa, indicó este viernes que están en pleno proceso de trazabilidad de los potentes fármacos para identificar si provienen de una institución, si son de contrabando o son falsificados.

Explicó que el fentanilo y la morfina son productos controlados porque tienen un alto uso sicoactivo. Los mismos eran comercializados en tres farmacias situadas en Asunción, que fueron allanadas el jueves por la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el marco de la operación Morfeo.

“En el transcurso de la mañana vamos a hacer la trazabilidad lo más rápido posible para llegar al origen”, aseguró la funcionaria del Ministerio de Salud a Monumental 1080 AM.

Nota relacionada: Fiscalía imputa a cuatro personas tras allanamiento a farmacias en Asunción

Durante los procedimientos se detectó que algunos productos poseían el sello de “Uso Exclusivo de IPS”. El Instituto de Previsión Social emitió un comunicado tras el operativo informando que el 10 de junio pasado denunció la sospecha de venta de sus productos, entre ellos el fentanilo.

Gamarra sostuvo que los sicoactivos estaban siendo comercializados de G. 10.000 a G. 20.000, a un costo mucho menor de lo que corresponde.

En este sentido, no descartó que haya un esquema macro o micro detrás del tráfico de estos productos.

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Los allanamientos se realizaron en los locales de Farma Virgo, Solu Farma y Farma Ángeles y estuvieron encabezados por los fiscales Fabiola Molas, Lorena Ledesma, Osmar Segovia e Ysaac Ferreira.

Tras los procedimientos fueron imputados Fidencio Arce, Celestina María Sosa, Lilian Chena Sánchez y Leonardo Acuña, quienes serían propietarios y empleados de las farmacias intervenidas.

Fueron procesados por violación a la Ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, cuya expectativa de pena es de cuatro a 10 años de cárcel.

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