Dijo que se piden informes “en aras de saber cómo se aplicaron los USD 44 millones que aportó la Usaid para desarrollar el concepto de institucionalidad en la República del Paraguay”.
“Nos parece un despropósito que ellos planteen la inconstitucionalidad o invoquen la inconstitucionalidad, cuando le da facultades a esta comisión a solicitar a los particulares inclusive a comparecer ante las dos cámaras y suministrarles la información y documentaciones que se les requieran”, resaltó el senador con referencia a la respuesta de Colab Abogados y señaló que la firma percibió la suma de USD 500.000.
Además, indicó que Pilar Callizo forma parte del estudio jurídico y, por tanto, ya infiere que “los fondos fueron a parar como remuneración de gente que ha incursionado en la política”.

Agregó que hay sospechas de injerencia para afectar a ciertas personas.