El diputado liberal y electo senador Dionisio Amarilla, quien desde hace unas semanas forma parte de los titulares de los medios de comunicación por las millonarias compras que viene efectuando, se convirtió en uno de los legisladores más influyentes en la Contraloría General de la República, a cargo de Enrique García.
En ese sentido, Amarilla logró ubicar a familiares y operadores políticos en puestos estratégicos, desde donde puede manejar información sobre todos los funcionarios públicos, incluyendo a sus colegas, como así también el control a la gestión de instituciones públicas, como los municipios y las gobernaciones.
Tras el inicio del proceso de juicio político al contralor García, el legislador que desde un principio lo defendió, logró ubicar en varias direcciones a sus leales, entre ellos a su esposa Analy Valiente Martínez, que recientemente fue ascendida como directora general de Declaraciones Juradas, con un salario de más de 15 millones de guaraníes. En esta dirección se tiene acceso a toda la información referente a los funcionarios públicos.
Además de su esposa, en la misma dirección el legislador tiene otros aliados, como es el caso de Silvia Escobar, que cuenta con una jefatura; Modesto Sosa, con una dirección de área, y Guillermo Vera, como jefe de departamento, también en Declaraciones Juradas. Estos son operadores políticos de Amarilla, al igual que Leydi Cardozo, jefa de departamento.
EN FAMILIA. Dos familiares del dirigente liberal también fueron beneficiados con su influencia ante García. Se trata de Jacinto Martínez, tío de Analy Valiente, director de área en Asuntos Jurídicos con un salario de más de 12 millones de guaraníes; y de Nicolás Arregui, primo de Amarilla, que ocupa el cargo de director general de Rendiciones de Cuentas (Fonacide y royalties).
Arregui fue precandidato a diputado de Itapúa, por la Lista 100 encabezada por Amarilla.
Recientemente funcionarios de su dirección fueron denunciados por el intendente de Ybytymí, Néstor González (PLRA), por un supuesto pedido de dádivas para la aprobación de rendiciones de cuentas de recursos de royalties y Fonacide.
De acuerdo con versiones de los propios funcionarios de la Contraloría, este tipo de situaciones se volvió una constante en dicha dirección, y se presentan reiteradas denuncias de parte de instituciones que reciben presiones para que sus auditorías sean aprobadas o no sufran intervenciones.
Funcionarios con antecedentes ocupan importantes cargos en la CGR
Dos funcionarios de la Contraloría General de la República, que son leales al diputado liberal Dionisio Amarilla y que ocupan cargos importantes en la institución, cuentan con antecedentes judiciales y de mal desempeño de funciones.
Uno es Jacinto Martínez, quien es tío de la esposa del legislador, Analy Valiente.
Martínez fue suspendido en el 2008 en el ejercicio de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que lo procesó por mal desempeño en sus funciones. Fue por el caso del robo de animales de una hacendada alemana, quien fue asesinada en el Chaco.
Posteriormente, en el 2015, luego de realizar varios procedimientos el entonces fiscal general Javier Díaz Verón decidió separar tanto a Jacinto Martínez como a su asistente José Luis Torres por supuestas filtraciones realizadas en el marco de la investigación del asesinato del ex diputado Magdaleno Silva, para beneficiar a Cornelio Esquivel y los supuestos involucrados en la causa para que puedan escaparse.
El otro es Modesto Sosa, quien fue detenido y fue a prisión por intentar sobornar a policías de Ybycuí para liberar una carga de 420 kilogramos de cocaína y a cuatro hombres que estaban descargando la droga de una avioneta. Fue en el 2015 cuando ya era funcionario de la Contraloría.
