“Tengo tres funcionarios que trabajan en una oficina regional en Puerto Casado, cada uno percibe G. 2 millones y están contratados. Firmaron un contrato desde julio, y hasta hoy no percibieron ni un guaraní”, dijo la diputada Marlene Ocampos a Monumental 1080 AM.
De esa forma, la legisladora quiso dejar en claro que los trabajadores a su cargo no perciben millonarios salarios.
Sus funcionarios regionales son dos mujeres, María Mercedes Martínez y María Ángela Domínguez y un joven, Gustavo Prieto Farfan.
Ocampos, incluso, indicó que los jóvenes iban a realizar una supuesta denuncia periodística porque no cobran sus haberes hace tres meses.
“Los tres entran a las 7.00 hasta las 13.30, reciben notas y pedidos de la gente de Puerto Casado, de las comunidades indígenas y nos hacen llegar a nuestra oficina de la Cámara”, argumentó.
Asimismo, la parlamentaria aclaró que trabaja con los funcionarios en labores de asistencia a comunidades aisladas y a personas de la tercera edad de dicha localidad.
Millonarios sueldos en oficinas regionales
Las sucursales departamentales son habilitadas por la Presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso, a cargo del colorado abdista Miguel Cuevas. La designación se realiza por medio de una resolución que se debe poner a conocimiento de la Secretaría General y se hace a pedido de cada legislador.
De los 80 diputados, 23 solicitaron a la Presidencia de la Cámara Baja la habilitación de las oficinas parlamentarias en sus respectivos departamentos, con el argumento de que, de esa manera, tendrán un mayor contacto con el pueblo y sus necesidades.
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En total, 106 personas ocupan cargos en oficinas regionales dependientes de la institución legislativa. Estos funcionarios representan un costo aproximado de G. 5.200 millones para la ciudadanía, solo en sueldos a los operadores políticos.
Los sueldos van desde G. 2 millones hasta más de G. 19 millones que perciben los funcionarios designados para atender en las principales cabeceras departamentales.