Laura Magdalena Varela Núñez, en representación de su hermana Liz Varela Núñez, promovió un amparo judicial para acceder a la vacuna contra el Covid-19. La mujer cuenta con una traqueotomía que no le permite hablar y está conectada a un respirador artificial.
La jueza María García de Zúñiga solicitó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y al médico forense de turno para tomar una decisión sobre la acción promovida y rechazó la medida cautelar de urgencia.
La cartera sanitaria contestó a la magistrada y solicitó el rechazo del amparo porque supuestamente no se daban las condiciones. La respuesta fue hecha a través de los abogados Alejandrino Ortiz y Omar Gustavo Valdez. Pidieron el rechazo de la garantía constitucional.
Nota relacionada: Jueza decidirá esta semana si admite vacuna vía amparo
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa paciente Liz Varela, quien padece de una enfermedad poco común llamada Pompe, lamentó el sábado en su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud haya rechazado su pedido, a partir de lo cual su caso tomó estado público.
La diputada nacional por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González se solidarizó con la paciente a través de la misma red social ese día y se comprometió a solicitar la reconsideración de no inmunizarla contra el coronavirus.
La parlamentaria envió una nota dirigida al ministro de Salud, Julio Borba, haciendo la petición pertinente.
Lea más: Justicia tiene doble vara para permitir acceso a la vacuna
La jueza María Fernanda García de Zúñiga esta semana resolverá el amparo judicial promovido luego de tener las respuestas del Ministerio de Salud y del médico forense, a quien le pidió dictaminar sobre la petición de poder recibir la vacuna anti-Covid.
La magistrada no rechazó el amparo, sino que dio trámite a la acción con el pedido de informes. Lo que sí rechazó fue la medida cautelar de urgencia, ya que con ello ya iba a resolver el fondo de la cuestión, con lo que la garantía constitucional dejaría de tener sentido.
García de Zúñiga pidió informe al Ministerio de Salud y solicitó el dictamen del médico forense, donde consultó sobre las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra la amparista, si ameritaba que recibiera la vacuna o no.
