El diputado Carlos Núñez Salinas admitió ayer ante el juez Humberto Otazú los cargos de contrabando y producción de documentos no auténticos por los cuales fue acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos y solicitó la suspensión condicional del procedimiento.
El magistrado dio trámite de oposición al pedido porque consideró que no hay elementos para beneficiar al legislador colorado con esta salida alternativa al proceso. Con esto, la última palabra en la causa será del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
En la audiencia preliminar, el fiscal del caso, Martín Cabrera, primero se ratificó en la acusación a Núñez Salinas, pero luego de que este solicitara la suspensión condicional del procedimiento, el investigador manifestó su conformidad y acompañó el pedido de la defensa, ejercida por el abogado Roberto Hirsch.
El caso data del 2013 y fue denunciado por la misma Dirección Nacional de Aduanas. La acusación fiscal señala que la empresa Intercom Ingeniería SA, en ese entonces dirigida por Núñez Salinas, emitió una factura por USD 17.600 en concepto de la importación de 111 ruteadores, pero luego se detectó que en realidad la carga era de decodificadores de televisión valorados en USD 1.026.000.
Ahora, el fiscal general deberá ratificar la acusación contra el parlamentario para llevar el caso a un juicio oral y público o bien aceptar la suspensión condicional ofrecida por la defensa.
ARGUMENTOS. Ante el juez Otazú, el abogado de Núñez pidió la suspensión condicional –con lo cual el diputado quedaría luego sin antecedentes penales, ya que no se trata de una condena–, argumentando que Aduanas concluyó en un sumario que el hecho investigado fue solo una infracción aduanera.
Además, señaló que Núñez era “director circunstancialmente” de Intercom y que por el citado sumario el pago de la diferencia impositiva fue de G. 458 millones y que la firma también tuvo que pagar una multa por el mismo monto.
En ese sentido, sostuvo que tras estos pagos ya no existe perjuicio y Aduanas quedó totalmente resarcida. Finalmente ofreció también una donación de G. 30 millones al Hospital de Niños Acosta Ñu como reparación social.
Si bien la defensa del legislador colorado hizo hincapié en que se trató de una infracción aduanera –defraudación–, el Código Procesal Penal establece que el procesado debe admitir los hechos por los cuales fue imputado, en este caso contrabando y producción de documentos no auténticos, para la suspensión condicional.
Antes de la audiencia, el fiscal Cabrera recordó que los otros dos imputados en la causa –el funcionario aduanero José Rafael Martínez y el despachante Sergio Chaparro– ya obtuvieron la suspensión condicional tras admitir todos los hechos. También mencionó que el diputado negó haber firmado documentos relacionados al contrabando y una pericia confirmó que de tres firmas negadas, una sí pertenecía a Carlos Núñez.