Al poco tiempo de haber asumido en el Congreso Nacional como diputado, el cartista Jatar Oso Fernánez, antes de Cruzada Nacional, repartió bidones de agua a una comunidad de Limpio que carecía de agua potable en pleno siglo XXI.
Junto a él, estuvo su colega liberal Pedro Gómez, quien fue consultado sobre su partición tras conocerse que Fernández usó los productos de una empresa embotelladora que había invadido hace un año.
La fábrica se encuentra en una propiedad de 7.000 metros cuadrados en Villeta, cuya familia afectada tuvo que presentar varias denuncias y recurrir a litigios para recuperar su inmueble y el control de la empresa Harpaya SA.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn NPY, Gómez aclaró que acompañó a Jatar Fernández por una invitación que recibió para entregar los bidones en setiembre del 2023 y afirmó que desconocía el trasfondo del origen del producto.
📌 Diputado Pedro Gómez dice que no tenía idea que estaban repartiendo bidones de una empresa usurpada
— NPY Oficial (@npyoficial) September 27, 2024
♦️ Afirmó que recibió la invitación de Jatar Fernández pero que no conocía detalles sobre el origen de los bidones.
♦️ El acto proselitista fue realizado en 2023, poco después… pic.twitter.com/xjctDA72uE
“Yo no tenía conocimiento, no sabíamos el trasfondo de la cuestión. Él manifestó que tenía una empresa, no me dio muchos detalles. Era una iniciativa que él tuvo, yo solo asistí a esa invitación”, explicó.
Según la declaración jurada que presentó Fernández a la Contraloría, se sabe que el parlamentario posee 40 acciones de G. 10.000.000 cada una en la citada empresa, lo que equivale a la suma de G. 400.000.000.
Sobre la línea, Gómez sostuvo que escapaba de sus manos saber que la empresa realmente no era de su propiedad.
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No obstante, indicó que en bancada analizarán si corresponde o no acompañar una posible pérdida de investidura al legislador, sobre quien pesa otra denuncia por invasión en Ayolas y supuesta explotación laboral a un ex funcionario de la Cámara Baja.
Para el abogado de la familia afectada, Aníbal Larriera, el hecho es “un crimen atroz hacia la propiedad privada, hacia la producción de una empresa floreciente, una bofetada a la Justicia y hacia cualquier ciudadano”.
