Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos e incluso la existencia de un informe de la Contraloría que asevera las denuncias, la Fiscalía no avanzó en el caso y ni siquiera formuló imputación.
La agente del Ministerio Público a cargo es Victoria Acuña, quien, según los denunciantes, prometió celeridad, pero hasta el momento no pasó de algunas diligencias.
Concejales departamentales realizaron una primera denuncia en 2018 y la segunda fue radicada en julio del 2019.
Ante las sospechas de corrupción, solicitaron una auditoría interna y externa y hallaron varios gastos sin documentos respaldatorios.
La Contraloría General de la República además confirmó el daño patrimonial.
El concejal departamental Hernán Vergara comentó que en diciembre pasado se reunieron con la fiscal Acuña, quien se comprometió a avanzar en el caso, pero hasta el momento no se dieron novedades.
Una de las irregularidades denunciadas por los concejales involucra a una empresa que proveía el almuerzo escolar, que reclamó que la Gobernación le adeudaba G. 2.500 millones, sin embargo, según la auditoría, el dinero fue cobrado, pero se desconoce quién lo recibió.
La denuncia encarada por la Junta Departamental en julio ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción contra resalta que los encargados de la administración de la Gobernación de Caazapá, entre ellos el actual diputado, habrían dispuesto, discrecionalmente, de la suma de G. 169.144.131.619, para los fines ajenos a la competencia de dicha institución, ya que no justificaron tales erogaciones, a pesar de tener obligación de hacerlo, refiere el documento presentado por la presidenta de la Junta Departamental de Caazapá, Antonia López y los secretarios Hernán Vergara y Benigno Báez.
Por otra parte, también refiere que otra irregularidad detectada por auditores fue que se dispuso G. 2.343.634.128, en concepto de becas de los cuales G.1.993.634.128 no fueron registrados en la contabilidad del ente.
También se habría registrado G. 3.897 millones como producto de una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernación de Caazapá y lo obligado (compromiso asumido, pero no pagado), según la ejecución presupuestaria.
Encontró también una discordancia de G. 13.086 millones entre la ejecución presupuestaria de los gastos de los recursos provenientes de royalties y la rendición de cuentas realizada ante la Contraloría General de la República, cuyos fines son desconocidos, porque las erogaciones no fueron rendidas.
