La denuncia hecha por el diputado Luis Miranda fue refrendada por su hermano, Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, y se refiere a supuestas irregularidades en el contrato de intención de compra de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.
“Le informé al presidente Jair Bolsonaro en marzo”, poco después de la firma del contrato, dijo el diputado durante una tensa sesión de una comisión del Senado que investiga posibles irregularidades en las que el Gobierno pudo haber incurrido frente a una pandemia que ya mató a más de 510.000 brasileños.
Según el legislador, Bolsonaro admitió que el asunto era “grave”, le miró “a los ojos” y afirmó que ordenaría una investigación de la Policía Federal, lo cual no ocurrió, y la negociación prosiguió, aunque hasta ahora ninguna de las dosis negociadas han llegado al país, por lo que el Gobierno aún no ha hecho ningún desembolso.
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Miranda confesó que el presidente le confió que ese era un “rollo de un diputado” oficialista, cuyo nombre no quería revelar. Sin embargo, presionado y entre lágrimas, reveló que Bolsonaro dijo que era Ricardo Barros, actual jefe del oficialismo en la Cámara baja.
El diputado, que denunció haber recibido amenazas, llegó al Senado protegido con un chaleco antibalas y se dijo “decepcionado” con Bolsonaro y con la anunciada intención del Gobierno de acusarle de “calumnias” ante los tribunales.
“No entiendo tanta rabia con quien está ayudando a combatir la corrupción”, declaró.
Un contrato sospechoso y presiones atípicas por la Covaxin
El asunto tiene varias aristas. Se sospecha de la intervención de grupos de cabildeo y de una firma con sede en Singapur que debería recibir parte del pago aunque no figuraba en el contrato y, según información recibida por la comisión, tiene un capital declarado de escasos USD 1.000.
También existe un “intermediario” local del negocio, identificado como Francisco Maximiano, investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya “vendió" al Gobierno medicamentos que jamás entregó.
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A diferencia de otras tratativas con laboratorios, que demoraron más de seis meses y fueron contactos directos, en el caso de Covaxin, el negocio se concretó en 90 días, a través de intermediarios y por valores superiores al de otras vacunas negociadas por el Gobierno, que en este caso totalizaban USD 320 millones.
El jefe de importaciones del ministerio denunció que, además de esas “inconsistencias”, fue objeto de “presiones atípicas” de sus superiores y de la propia empresa intermediaria para “agilizar” la negociación, algo que no ocurrió en tratativas por otras vacunas.
El caso ya despertó hace dos meses las sospechas del Ministerio Público, que abrió una investigación “preliminar”, y del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público y pidió explicaciones sobre “algunas impropiedades” en el contrato con Bharat Biotech.
¿Fuego amigo en las trincheras de Bolsonaro?
Las metáforas militares son habituales en las declaraciones de Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, pero en la audiencia de la comisión fueron usadas por algunos opositores, que aludieron a la figura del “fuego amigo” para enfatizar la denuncia de Miranda.
“Que quede claro que quien presentó las acusaciones aquí es un diputado del Gobierno”, subrayó el senador Omar Aziz, presidente de la comisión.
De hecho, además de pertenecer a un partido oficialista, Miranda comulga con muchas de las más extremas ideas de Bolsonaro, promueve la liberación de la venta de armas, es evangelista y muchas veces acompaña al gobernante en sus paseos en moto los fines de semana.
El propio Miranda hizo alusión a esa cercanía. “Quería defender al presidente, pues precisaba saber y anticiparse a esa corrupción”, dijo el parlamentario, quien durante la audiencia tuvo duros cruces de palabras con senadores de la base del Gobierno, que le acusaron de “traidor” y de intentar “arañar la imagen” de Bolsonaro.
