Los legisladores tomaron dicha postura para evitar un nuevo caos jurídico ante la posibilidad de que varias causas penales se extingan sistemáticamente, tal como ya sucedió en su momento.
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo alertó a sus colegas de dicha posibilidad y recordó que el objetivo en un principio de la Ley Guastella era evitar la mora judicial, pero duró muy poco tiempo ante el hecho de que se extinguieron y se extinguirían varios procesos, por lo que se dejó en suspenso la citada normativa.
El 1 de setiembre, de no ser sancionada la derogación, la normativa entraría nuevamente en vigencia, posibilitando la extinción de procesos penas que tengan 3 años y 1 día de duración.
Ante esta situación los diputados decidieron aprobar el proyecto de derogación presentado en su momento por el ahora ex diputado Éber Ovelar (ANR).
CAOS. El liberal Jorge Ávalos Mariño apoyó la moción de Vallejo al igual que la encuentrista Kattya González, quien expresó que el tiempo se agota y se debe “evitar el caos jurídico”.
Señaló que con la supuesta ley antimora lo que se abre es una ventana peligrosa para la extinción de procesos, principalmente de la delincuencia de cuello blanco, del narcotráfico y de hechos de corrupción. “Tenemos que subsanar este error cometido por la Ley 4669/12 y por una vez extirpar el problema de raíz”, remarcó.
En el mismo sentido se manifestó el colorado Ramón Romero Roa, quien recordó que los artículos 136 y 137 de la ley analizada, hablan del plazo máximo de duración de un proceso penal.
Calificó de necesaria la aprobación del pleno para evitar la extinción de los casos.
El documento será remitido a la Cámara de Senadores para su consideración.
