Con un total de 36 votos a favor de aceptar el veto y nueve votos en contra, la Cámara de Diputados resolvió mandar al archivo este lunes el proyecto de ley que regulaba la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia y administración de criptomonedas o instrumentos que permiten el control sobre criptoactivos.
La diputada Celeste Amarilla mencionó que Gafilat ya tiene una regulación para el negocio de la criptomoneda y que la Seprelad tiene 28 empresas registradas, en tanto que hay empresas que actúan sin ningún control. “CDE, Hernandarias, Pedro Juan Caballero están llenas de empresas que están actuando con el mismo sistema sin control”, detalló.
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“Si vetamos lo que vamos a hacer es que los que quieren someterse a control tampoco van a poder. Esto se impone, es una cosa que en el mundo está creciendo. Por supuesto es extraño para muchos de nosotros, pero va a seguir creciendo y necesita una regulación. Ya está estipulado que paguen IVA y renta en la Ley 6380 ‘De reorganización tributaria’”, manifestó la diputada
También sostuvo que la ANDE se opone porque ya negoció la venta de energía a cuatro empresas a USD 30 por mega, tres de ellas chinas y una suiza, en tanto que ahora va a costar USD 57.
“Después del veto, subieron el precio a USD 57 por mega. Es decir que, por si acaso esto salía, ya le dieron a sus amigos a un precio preferencial de USD 30 por mega y hoy cualquier otro tiene que pagar USD 57 por mega. Esto es un negociado, no es un negocio”, remarcó.
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Denunció que la ANDE tiene un excedente de 4.500 megas de energía y que hay empresas detrás que van a vender a China.
“Acá la ANDE le está ofreciendo a diputados luz para sus comunidades como prebenda para que le rechacen el veto”, sostuvo.
El diputado Sebastián García dijo que emitieron un dictamen a favor de rechazar el veto y que le sorprende de sobremanera que el veto a la ley sea total.
Dijo que lo que más se cuestionaba era el uso de energía de la ANDE y que incluso ya está como existente en otras leyes y se ponen topes. “No promulgar una ley no significa que no vaya a existir”, cuestionó.
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El legislador indicó que hace unas semanas colapsó FTX, que era uno de los gigantes de los criptoactivos y que el problema justamente es que no había regulación del sector.
“Permite que Seprelad pueda regular, que las empresas de minerías puedan registrarse ante el Ministerio de Industria y Comercio y que justamente haya una tarifa previsible y responda a una estrategia energética de nuestro país”, alegó.
Además, recalcó que la cesión de energía al Brasil no genera valor agregado alguno y que se encontró minería incluso dentro de las oficinas de la propia ANDE.
El diputado José Rodríguez pidió aceptar el veto y que expresó que la ANDE no puede trabajar a pérdida. Expuso que la tarifa por la cual se estaría adjudicando la tarifa es el 15% sobre el valor de la tarifa industrial, pero la ciudadanía estaría subsidiando el costo de la energía y ocasionaría una pérdida de USD 30 millones anual al Estado paraguayo, que equivale a unos 300.000 clientes de la ANDE.
El diputado Justo Zacarías citó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien puso como moneda oficial al bitcoin y asegura que el país perdió alrededor de 80% de sus activos, ya que el bitcoin cayó de los USD 70.000 a USD 15.000, porque la moneda no tiene ningún tipo de control y sostenibilidad en ninguna parte del mundo. “Tenemos que incentivar el uso de nuestra energía, pero generando trabajo”, dijo.
Veto del Ejecutivo
El rechazo del Poder Ejecutivo se basa en la postura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que sostiene que la actividad de la minería se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con un empleo intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra, por lo que corresponde caracterizarlo como consumo electrointensivo y no como consumo industrial.
De igual manera, señala que el proyecto limita la tarifa que sería aplicada a la actividad de minería y sostiene que dicha limitación colisiona con el mecanismo general de determinación de tarifas, establecido en el artículo 85 de la Ley 966/64.
Entre otras cosas, menciona la postura del Ministerio de Industria y Comercio, que subraya que la política pública debe orientar sus esfuerzos a garantizar que el acceso a la energía esté disponible para todos los paraguayos, además de que se apunta a impulsar proyectos de inversiones que ofrezcan empleos.
El rechazo también contempla la postura de la Subsecretaría de Estado de Economía, que alega que la minería requiere el uso intensivo y masivo de energía eléctrica y gran capacidad de producción de energía, con la cual cuenta el país, pero no genera mucha mano de obra como cualquier otro sector industrial.
Entre otras cosas, el Banco Central del Paraguay remarca que los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo. También alertó de la posibilidad del blanqueo y el terrorismo.
“La intención de regular la industria y comercialización de activos virtuales, como se pretende en este proyecto de ley, podría generar una falsa sensación de seguridad respecto a la tenencia de este tipo de activos”, asegura.
