El proyecto prohíbe las compras y contrataciones superfluas, limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público. El mismo fue postergado este martes por los diputados.
Como vocero de la Comisión de Asuntos Económicos, el diputado Justo Zacarías Irún señaló que dentro del proyecto se encontraron con “varias situaciones que todavía merecen análisis más precisos, donde se deben reconsiderar algunos puntos”.
Agregó que sus colegas también se encontraron con otras dudas y que a raíz de esta situación se enviaron unas 15 notas a diversas instituciones y organismos del Estado para que estas puedan pronunciarse sobre la normativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn principio, pidieron la postergación por 30 días hasta tener los dictámenes y las posiciones de las instituciones del Estado afectadas, pero finalmente se decidió por tres semanas.
El diputado cartista Basilio Núñez reforzó la intención diciendo que se encuentran estudiando otros recortes que no se tienen contemplados dentro del proyecto.
Por su parte, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), propuso como una solución intermedia y como una señal política aprobar en general el proyecto y postergar el estudio en particular, hasta tanto se tengan los informes solicitados.
Pidió no dejar a la ciudadanía con la impresión de que la Cámara de Diputados no tiene voluntad política para recortar los gastos corrientes del Estado.
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En el mismo sentir se pronunció el diputado Sebastián Villarejo, quien admitió que “hay muchas cosas que corregir” dentro del documento, pero que a pesar de ello la cuestión de fondo es apoyada.
“La aprobación en general es un compromiso de que vamos a tratar el documento, es una señal de que estamos a tono de lo que ocurre”, indicó el legislador del Partido Patria Querida (PPQ).
La grave crisis que atraviesa el país con pandemia del Covid-19 forzó a los legisladores de la Cámara de Senadores a aprobar el proyecto que topea el salario y determina que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor que el presidente de la República. La medida alcanza a las binacionales.
El espíritu del proyecto también ataca el nepotismo, los gastos superfluos y establece otras medidas de racionalización del gasto público.
