El pleno de la Cámara de Diputados resolvió ayer aprobar en general el proyecto de ley “Que modifica el artículo 239 de la Ley N° 125/91, Que establece el nuevo régimen tributario, modificado por el artículo 9° de la Ley N° 2421, de Reordenamiento Administrativo y Adecuación fiscal”.
El estudio en particular de los artículos se postergó para dentro de 15 días, de acuerdo con la decisión de la Cámara Baja.
Con esto, se busca excluir al funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como denunciante e incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30% de las multas que se apliquen a las empresas o particulares en infracción.
Así lo solicitó el legislador Eber Ovelar, uno de los propulsores de este proyecto modificatorio. Existen dos iniciativas más del mismo tenor que fueron impulsadas por los diputados Óscar Tuma, Olga Ferreira y Dionisio Amarilla. La premisa de estos proyectos legislativos es modificar la distribución de multas en la SET.
La ley vigente establece la modalidad de “premiar” al funcionario con un estipendio proporcional al monto de la multa aplicada al contribuyente por la comisión de faltas administrativas, suma que oscila entre el 100% y 300% según el caso.
despropósito. “Resulta un verdadero despropósito tener que premiar a estos funcionarios por el simple cumplimiento de la función por lo que ya se les paga del presupuesto público”, reza una parte de la exposición de motivos que esgrimieron los diputados.
La modificación pretendida excluye al funcionario como denunciante y, por ende, su participación en la repartija de lo obtenido de las multas. Al mismo tiempo, incorpora al denunciante particular con un derecho al cobro del 30% de los montos.
defensa. Recordemos que la viceministra de Tributación, Marta González, siempre defendió que los funcionarios de la SET perciban el beneficio, luego de trabajar diariamente, al menos, 10 horas para manejar montos multimillonarios, sin siquiera superar los 2 a 3 salarios mínimos por mes.
La viceministra Marta González emitió una resolución para incluirse ella misma en el cobro de las multas, desde 2015, y se calcula que en 2017 alcanzó a cobrar más de G. 240 millones en extras por las multas cobradas a contribuyentes por las diversas intervenciones autorizadas por la dependencia a su cargo.
