El proyecto fue muy cuestionado por la oposición ya que genera una nueva deuda y no se tuvo en cuenta la propuesta del diputado Édgar Acosta, quien planteó una alternativa al endeudamiento, utilizando los recursos no ejecutados de otros préstamos que suman USD 1.891 millones, de manera que el Ministerio de Hacienda pueda redireccionarlos.
Este planteamiento no prosperó y el Estado deberá hacer un nuevo préstamo.
El único colorado que se mostró de acuerdo con la iniciativa de Acosta fue Walter Harms, quien dijo que “Paraguay hoy debe más de lo que es prudente deber”.
Este proyecto forma parte del paquete de leyes que busca contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid-19. Para el efecto, el Fisco pide al Congreso Nacional la autorización para tomar un nuevo endeudamiento por hasta USD 292 millones.
Las modificación se hizo en el artículo 10, teniendo en cuenta un margen de preferencia, reglamentación mediante, para que empresas locales, en cada departamento en que se ejecuten las obras, tengan la posibilidad de una mayor participación.
Tanto Kattya González como Sebastián García trataron de mentirosos a sus colegas por abogar por un nuevo endeudamiento.
García señaló que se aprueba un nuevo préstamo para “robar y sobrefacturar” y llamó a sus colegas “mercaderes de la pobreza”.
El mismo respaldó la iniciativa de Acosta y apuntó que “estamos endeudados hasta el cuello y le seguimos mintiendo a la gente”.
“Se le fue de la mano al Gobierno con la deuda. No hay que mentir a la gente. Hay que tomar en serio el trabajo que estamos haciendo”, aseveró el legislador.
“A ustedes, colegas, les importa un bledo la gente pobre. En nombre de los pobres están endeudando, y les están prometiendo casas. Mentira es. Ojalá que les haya importado tanto los pobres cuando se robaron insumos hospitalarios en plena pandemia. Les importan los pobres solamente cuando significa dinero que pueden llevarse a los bolsillos”, dijo la diputada Kattya González, quien votó en contra de otro préstamo.
La Cifra
47.000.000 de dólares es el monto que debe prestar el Estado para construir viviendas en varios departamentos del país.