El proyecto de ley Ñane Energía, aprobado en la Cámara de Diputados, propone la reducción de la tarifa de la ANDE y, además, establece la energía eléctrica como un derecho humano. Los costos serán financiados con recursos de la Itaipú Binacional y Yacyretá, en concepto de gasto social.
Sin embargo, modificaciones propuestas por legisladores colorados desde la Comisión de Asuntos Económicos dejan a voluntad de cada Gobierno establecer el monto de descuento que se aplicará a cada rango de consumo, lo que se presta a que las variaciones del precio sean utilizadas como herramienta electoral.
El proyecto fue aprobado en general sin oposición alguna. En el tratamiento punto por punto se plantearon modificaciones que desmembraron el proyecto original presentado en la Cámara de Senadores.
Los cambios fueron aprobados por 36 votos a favor, 32 votos en contra, dos abstenciones y 10 ausencias.
El artículo 2 establece, entre otras cosas, una tarifa reducida a favor de los usuarios residenciales, comerciales industriales, de servicios y otros en baja tensión, automáticamente según el consumo mensual registrado, y cualquiera sea el número de las fases del abastecimiento.
En cuanto a los descuentos a ser aplicados, los diputados votaron por agregar el término “hasta”, lo que condiciona los descuentos a otros factores.
La normativa establece que, para el consumo de 1 a 150 kilovatios hora por mes (kWh/mes), habrá hasta 90% de descuento de la tarifa vigente, aplicable en todo horario. Para consumo de 151 a 300 kWh/mes, la reducción será hasta el 70%; mientras que para consumos de 301 a 500 kWh/mes, se dará un descuento de hasta el 50% la tarifa vigente.
Entretanto, para consumos de 501 a 750 kwh/mes, hasta 35% de descuento de la tarifa vigente. Para consumos de 751 a 1.000 kwh/ mes, hasta 22,5% y para consumos de 1001 a 1.500 kwh/mes, se le aplicará un descuento de hasta 15%, aplicables fuera de los horarios de punta.
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Para los proyectistas, el término agregado es discrecional y hace que el objetivo original del proyecto se pierda.
Posturas unificadas
Durante la discusión sobre el punto, los liberales llanistas y efrainistas destacaron la unidad de ambos bloques en lo que refiere al proyecto de ley. Ambos bloques defendieron la propuesta.
Celso Kennedy (PLRA) dijo que el proyecto de ley debe promulgarse sin mayores trámites para que la energía eléctrica esté al servicio del pueblo paraguayo.
La diputada liberal Celeste Amarilla denunció que se busca desvirtuar la naturaleza del proyecto al considerarlo un subsidio. Aseguró que al ser un país productor de energía, los paraguayos deben tener “mucha energía y barata”.
“Es un proyecto que toda la ciudadanía espera. No vengan con la mezquindad de oponerse porque viene de otro sector como el Partido Liberal. Aprobar el texto es justicia social”, expresó.
Fernando Oreggioni, legislador del PLRA, cuestionó que en los últimos dos años se produzca conmoción debido a las malas lecturas de medidores, o artefactos en mal estado. Dijo que existen mecanismos para financiar los costos que representará este proyecto. Citó como ejemplo los fondos sociales de las binacionales.
El legislador del PLRA Pastor Vera aseguró que este es un proyecto que ayudará a reducir los índices de pobreza con verdadera eficacia. Destacó que la mayoría de los paraguayos, sin importar el color, están de acuerdo con la reducción de la tarifa pagada por la energía eléctrica.
Rodrigo Blanco, también liberal, expresó su adhesión al proyecto de ley y pidió a sus colegas a que actúen con patriotismo. “Me dolería muchísimo que no podamos terminar de aprobar este proyecto por cuestiones de conveniencias políticas”, sostuvo. Agregó que esta iniciativa tomará los fondos sociales y los distribuirá de manera equitativa a la ciudadanía.
El diputado Antonio Buzarquis dijo que el costo de la energía en el país es muy elevado, por lo que muchos inversionistas no se instalan en el país. Indicó que bajar las tarifas servirá para generar empleos.
Édgar Acosta (PLRA) destacó que este proyecto constituye un verdadero gasto social ya que alcanzará a quienes realmente necesitan. Aseguró que, si bien esto no soluciona la pobreza, la ciudadanía podrá mejorar su calidad de vida con el dinero que le sobre.
Por su parte, Antonio Rejala (Hagamos) cuestionó que se destaque la calidad de la energía cuando el país vive en una miseria. “El subsidio no es sostenible, pero la gente necesita. Hay miles de planilleros y ahora debatimos si le vamos a dar o no este beneficio a la gente. Este proyecto es un bálsamo para las personas pobres”, refirió.
Contra el “populismo”
Sebastián García (PPQ) se mostró en contra de la aprobación de este proyecto de ley y aseguró que un descuento en la energía eléctrica no servirá para quitar de la pobreza a las personas.
García señaló que el subsidio para cubrir los costos de la propuesta será de unos USD 150 millones al año. Indicó que el dinero se podría invertir en obras o mejoramiento del sistema eléctrico.
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Basilio Núñez, diputado de Honor Colorado, calificó esta normativa como la “bienvenida al socialismo del siglo XXI”.
“Alerto que estamos ante un proyecto populista. Es agarrar de las arcas de las binacionales USD 130 millones. No vamos a caer en este populismo. El líder del movimiento (Horacio Cartes) me dijo que tenemos que apoyar todo lo que sea a favor del país. Con este proyecto vamos a la venezolización. Nadie cierra calles o rutas a favor del proyecto, es mentira”, dijo.
Núñez dijo que su bancada presentará la próxima semana un proyecto “aplicable y que no lleve a la bancarrota al país”.
El diputado cartista Edwin Reimer (ANR) aseguró que no se puede bajar la tarifa de energía cuando la distribución aún no llega a varios puntos del país. Señaló que será injusto un precio preferencial cuando hay ciudadanos que aún no cuentan con el servicio.
Polémica modificación
Al momento de tratar en particular, la mayoría optó por analizar el texto con modificaciones sugeridas por la Comisión de Asuntos Económicos. El principal cambio planteado fue en el artículo 4, donde se decidió agregar la palabra “hasta” al monto de los descuentos para cada rango de consumo.
Además, no se fija una fecha en la que se harán las transferencias de recursos para la reducción.
La bancada liberal insistió con que se respete el documento que llegó desde el Senado, pues de lo contrario sería un proyecto inocuo.
Inclusive, el diputado Salustiano Salinas amenazó con que el PLRA se retiraría de la sala si es que no se respetaba el texto de la Cámara Alta.
La diputada Celeste Amarilla calificó de cobardes a los legisladores de la ANR por aprobar un término que posibilitará que las reducciones del consumo sean aplicadas según una reglamentación del Gobierno de turno.
Édgar Acosta explicó que la versión impulsada por la Comisión de Asuntos Económicos, liderada por el colorado Justo Zacarías, es inaplicable y acaba con todas las esperanzas del pueblo.
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“Tratar de quedarse con un proyecto de ley sin implicancia real y efectiva no tiene sentido. Modificar algunos términos con el objetivo de que no se cumpla puede ser algo político, pero es jugar con la esperanza de la gente”, señaló.
Jazmín Narváez (ANR - Cartista) justificó los cambios y dijo que se podrán hacer los descuentos en los años en que la economía marche bien. Aseguró que no se trata de un enfrentamiento entre partidos. Cuestionó que los legisladores liberales no hayan aprobado en ocasiones anteriores un proyecto similar a este que propuso Honor Colorado.
La propuesta original fue considerada inaplicable por el titular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien alega cuestiones técnicas. Señaló que se requieren unos tres años para que esto se lleve a cabo.
Por otra parte, el proyecto Ñane Energía movilizó a ciudadanos de todo el país. Las manifestaciones de apoyo se replicaron en diversos departamentos.
