La Cámara de Diputados, por mayoría de sus miembros, aprobó ayer con 43 votos a favor y 30 en contra un cuestionado proyecto de ley que salió del seno de una comisión especial y que establece el doble blindaje para los miembros del Congreso contra quienes obran pedidos de pérdida de investidura, como es el caso del diputado liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias.
Colorados de las bancadas de Añetete y Honor Colorado, apoyados por llanistas, efrainistas y buzarquistas del PLRA, votaron por un engorroso y burocrático proceso para sacar la investidura a un congresista, creando así una doble instancia y dejando en manos del Tribunal Superior de Justicia Electoral la decisión final.
Anteriormente, por una simple mayoría de votos (la mitad más uno de los presentes) se podía activar el procedimiento de pérdida de investidura, pero con la normativa aprobada ayer se requerirá de mayoría absoluta de 41 votos y en el Senado de 23 votos (la mitad más uno del total de integrantes).
Voceros de los 43 legisladores que votaron por el doble blindaje justificaron su voto en razón de que la Constitución no establece que sean los propios congresistas quiénes se sancionen entre sí.
El diputado Éver Noguera, integrante de la Comisión especial que diseñó el proyecto, fue el más férreo defensor del procedimiento, diciendo que no compete a ninguna de las cámaras juzgar a sus miembros. Reiteró varias veces que sacar la investidura a uno de sus pares es desconocer la voluntad del pueblo que lo puso allí. “La Constitución no dice que los miembros de una cámara pueden sacarle la investidura a su par, tampoco que una mayoría mínima de 23 o 22 miembros puedan arrebatar a alguien de lo que decidió la voluntad del pueblo”, señaló.
A su turno, otro defensor del doble blindaje, el diputado Antonio Buzarquis, buscando relativizar la definición del “tráfico de influencias fehacientemente comprobado”, buscó en sus colegas la respuesta. “Cómo vamos a comprobar fehacientemente este tema. Se puede ejercer influencia a través de las redes sociales, a través del uso de WhatsApp”, sugirió
La diputada Kattya González, quien así como otros 30 miembros votaron por un proyecto simplificado para que la cámara sea la juzgadora, le señaló claramente a su colega que “el tráfico se da a través de actos como por ejemplo levantar el teléfono y llamar a un juez o a un oficial de registro civil. Se da si yo levanto el teléfono por encima de los protocolos legales”, señaló.
Finalmente, la mayoría, entre quienes se encuentran varios procesados como Portillo, Carlos Núñez, Manuel Trinidad o Tomás Rivas, optaron por votar por el proyecto, que da posibilidad a que los mismo, así como actúan ante la Justicia, sigan chicaneando y dilatando un proceso de pérdida de investidura.
El procedimiento establece la prueba de admisibilidad, es decir, el Tribunal Electoral de la Capital puede devolver la solicitud si no cuenta con “los requisitos”. También puede prescribir la causa y además se establece un sinnúmero de plazos para la defensa del acusado. El proyecto ya no fue tratado en particular por lo que terminarán de estudiarlo en otra sesión extraordinaria.
Lamentan. El diputado liberal Édgar Acosta se despachó contra el procedimiento de dejar en manos del TSJE una decisión relativa a la conducta de los congresistas. Dijo que “es lo peor”. Celeste Amarilla, también liberal, trajo a colación un ejemplo político partidario, y dijo que le consta que los ministros del TSJE fallan teniendo en cuenta “la amistad” con el parlamentario afectado y no obran conforme a derecho.