Aunque la iniciativa tuvo cuestionamientos por parte de algunos diputados, ya contaba con el visto bueno de las comisiones de Legislación y Codificación, de Asuntos Económicos y Financieros y de Justicia, Trabajo y Previsión Social. La polémica propuesta fue presentada por los diputados colorados Mario Soto y Bernardo Villalba, y el liberal Juan Bartolomé Ramírez.
La normativa será analizada en particular dentro de 15 días. Justamente, fue Villalba quien solicitó la aprobación en general del proyecto y su tratamiento en particular en un par de semanas. Recordemos que el mismo diputado impulsó la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, con la cual los legisladores se autoblindaron para no ser expulsados fácilmente del Congreso.
Villalba aclaró que se trabajó con todos los interesados en el proyecto, como sindicatos y funcionarios de la Cámara Baja. “Es un proyecto que se vino masticando y elaborando por muchísimo tiempo (…). Es un proyecto de ley estrictamente necesario. Vamos a darles estabilidad a los funcionarios, ofrecer la posibilidad de la profesionalización de los funcionarios”, justificó el parlamentario.
críticas. El diputado colorado Pablino Rodríguez, aunque calificó el proyecto como “muy importante”, señaló que existe la necesidad de hacer correcciones a la iniciativa. Explicó que la propuesta no determina la carga horaria de trabajo ni el órgano de control de cumplimiento de la ley. “Es conveniente que el funcionario del Poder Legislativo se rija por la Ley 1626, atendiendo al principio de igualdad constitucional”, admitió el legislador, solicitando el aplazamiento del estudio por ocho días, idea que no prosperó.
Por su parte, la diputada Rocío Casco, de Avanza País, criticó específicamente el inciso b del artículo 2 del proyecto, porque, a su parecer, legisla “la precarización laboral de los funcionarios”, creando diferencias entre empleados contratados y personal de servicio y auxiliar; mientras que el colorado Clemente Barrios resaltó la intención del proyecto, indicando que hace posible que el funcionario del Poder Legislativo se rija por sus propias leyes, como los servidores de los poderes Judicial y Ejecutivo.