La contradicción que fue muy cuestionada por opositores y la ciudadanía en general fue la protección que se dio siempre en este cuerpo legislativo a sus miembros, escudándose en los fueros establecidos por la Constitución Nacional en el artículo 191, pero que son para las opiniones y no para delitos comunes.
No obstante, los fueros son utilizados incluso para trabar las investigaciones de la Fiscalía, como sucedió con el diputado de Colorado Añetete Éver Noguera, cuyo desafuero fue rechazado.
Los diputados salvaron a legisladores muy cuestionados de la destitución, como Miguel Cuevas, Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo, lo que fue calificado como el uso abusivo de la mayoría y un quiebre del estado de derecho.
El diputado liberal Rodrigo Blanco calificó la sanción de Amarilla como “peligrosa” para la democracia. “No podemos discutir que la inmunidad que tenemos como parlamentarios es para expresar nuestras opiniones. Quiero llamar a la cordura a los colegas, me parece que estamos erróneamente entrando a un terreno muy delicado para lo cual no tenemos atribución, tenemos potestad de suspender a colegas por 60 días por inconducta, pero acá hablamos de una opinión”, alertó.
Diputados colorados como Derlis Maidana, Basilio Núñez y Jazmín Narváez, entre otros, invocaron la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara Baja y el Código de Ética para sostener la acusación contra Amarilla, quien dijo que al menos 70 parlamentarios ingresaron con dinero sucio, lo que fue considerado una ofensa. No obstante, esta normativa nunca fue invocada en casos de corrupción.
