La principal objeción vino del diputado Walter Harms, quien calificó de irresponsable que el Senado no haya escuchado la postura del Gobierno.
“Primero se ve la irresponsabilidad de la Cámara de Senadores al aprobar la expropiación de tierras de ese valor sin tener el dictamen del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y del Ministerio de Hacienda, que debe verificar el modo de financiamiento para el pago justo”, señaló.
Habló de que en la zona las tierras que son de la mejor calidad, cuestan entre USD 6.000 y 7.000 la hectárea. Dijo que el costo final sería de USD 70 millones.
“Quieren buscan sacar rédito político, pero no analizan el daño que hacen”, advirtió.
Para el diputado altoparanaense Ramón Romero Roa, “no existe inconveniente en apoyar pedidos de expropiación en apoyo al sector más vulnerable”.
Sin embargo, prefirió conocer si lo aprobado por el Senado tuvo un previo dictamen de Hacienda, debido a que la compra impactará en el presupuesto de este año y se deben tomar las previsiones del caso. La expropiación se aprobó por acuerdo entre los legisladores del G15 y la multibancada en el Senado.