La denuncia presentada por los diputados guarda relación con una contratación por excepción del 16 de abril de este año, en el marco de la pandemia del coronavirus, que tuvo como empresa adjudicada a Dysa Healthcare SA por un monto total de G 8.115.800.000 para la adquisición de ventiladores pulmonares para la contingencia del Covid-19.
En ese sentido, indicaron que el la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en el que señala varias observaciones, algunas que podrían tener consecuencias penales y que deben ser analizadas por el Ministerio Público, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
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Asimismo, mencionaron que en el proceso se observa la celeridad del contrato, siendo que los oferentes solo tuvieron cinco horas que pueden ser consideradas hábiles para presentar las ofertas.
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9 diputados denunciamos en base al informe de Contraloria la adquisición presuntamente sobrefacturada de ventiladores pulmonares por el Ministerio de Salud. https://t.co/7jaVyb55I4 pic.twitter.com/n98g2odg7y
— Rocio Vallejo (@RocioVallejoA) August 22, 2020
Señalaron que el pliego de bases y condiciones se encuentra lleno de irregularidades que fueron observadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como por la CGR.
Así también, refirieron que llama la atención la premura para realizar el llamado y el plazo dado para la presentación de las ofertas, en el marco de una contratación de más de G. 8.000 millones.
De la misma manera, detallaron que los insumos fueron entregados cinco días posteriores a la firma del contrato, pero que varios días después los equipos no habían sido ni instalados, por lo que el nivel de urgencia no era tal como para no realizar el proceso dentro de los cuatro días previstos en la normativa para la publicación.
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A su vez, denunciaron que no se encuentra el informe detallado de los precios históricos utilizados para obtener el precio referencial del producto a ser adquirido.
“El plazo otorgado a los invitados para la preparación y presentación de las ofertas para un llamado cuyo objeto es el requerimiento de equipos de alta complejidad (ventiladores pulmonares) no es razonable”, remarcaron.
Finalmente, expusieron que no se justifica la fijación del precio referencial de G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones.
La firma ofertó los ventiladores a un precio superior del 243% respecto al valor de los equipos médicos ingresados al país, incluyendo el costo del bien, impuestos y honorarios del despachante.
Es decir, que el costo de la importación fue de G. 2.369.029.703, en tanto que el contrato fue por G. 8.115.800.000, con una diferencia de G. 5.746.770.297 de ganancia.
La denuncia fue presentada por los diputados Rocío Vallejo, Kattya González, Celeste Amarilla, Norma Camacho, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola y Jorge Brítez.
