En ambos proyectos se requiere información sobre en qué juzgado se encuentran los procesos judiciales, cuál es la situación procesal de la convocatoria de acreedores de la empresas y si hay procesos penales e imputaciones en contra de los directivos.
Britos, representante del Guairá, aclaró que este pedido no pretende inmiscuirse en los actos de la Fiscalía ni del Poder Judicial, sino de saber cuántos y cuáles son los procesos en los cuales están envueltos los directivos de esta empresa.
En conversación con ÚH, señaló que llama la atención que la convocatoria de acreedores de la empresa tiene el expediente “cajoneado” hace bastante tiempo.
Consultado si esto tiene que ver con el hecho de que todos los procesos son frenados por los directivos de la empresa en el Poder Judicial de Villarrica, respondió: “Justamente por eso. Vamos a ser contralores de estas actuaciones judiciales, porque me parece una vergüenza cómo durmieron los expedientes judiciales y no se hizo absolutamente nada. Es una pena”.
Sobre el pedido de quiebra de Iturbe que impulsa el Ejecutivo, en la búsqueda de recuperar los 15.000 millones de guaraníes que se subrogó de la deuda de la empresa con cañeros, obreros y transportistas, consideró que se debe esclarecer si los directivos obraron de mala fe.
“Si hablamos de una quiebra fraudulenta, esta gente tiene que pagar, tiene que actuar la Justicia con todo el peso de la ley. Para eso necesitamos que el proceso se agilice, que siga su curso normal”, enfatizó.
Finalmente, señaló que dentro de la convocatoria de acreedores existe la posibilidad de que un síndico entre a ordenar las cosas y la real situación y reactivar la fábrica, hecho que no se logrará si siguen ahí los directivos.