En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles, los legisladores sancionaron la propuesta de ley con la que se pretende reglamentar los proyectos paraguayos que venden créditos de carbono en el país y que en setiembre pasado ya fue aprobada en la Cámara Alta. Ahora, el documento pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Durante el debate, varios parlamentarios señalaron que, con su vigencia, se permitirá la creación de mano de obra a nivel nacional, se dará sostenibilidad al sector productivo que tiene como misión la conservación del medioambiente y la preservación de la fauna y flora, será una opción para el agricultor y el ganadero, además de una herramienta para impulsar proyectos de reforestación, entre otros.
No obstante, otros legisladores reiteraron que, si bien el proyecto puede ser positivo para el medioambiente, la redacción del actual documento solo establece beneficios para los latifundistas o grandes terratenientes, no así para los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas y los campesinos.
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La diputada colorada Rocío Abed manifestó que, actualmente, los créditos de carbono son una actividad que ya se está llevando a cabo en el país y que lo que ahora ocurrirá con la normativa es que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) “va a ser solamente el regulador y va a haber cierto orden”.
“Es nada más que poner orden. Si eventualmente hay cosas que mejorar, podremos mejorar la ley, pero se está haciendo. Otro mito es que van a venir organizaciones internacionales y que se traerá la agenda globalista. (...) Pongamos orden con este marco normativo, hagamos que los globalistas pongan plata en Paraguay por dañar el medioambiente”, sentenció.
El legislador liberal Pastor Vera Bejarano señaló, por su parte, que, si bien le hubiera gustado revisar mejor la normativa, para que sirva principalmente a los sectores más vulnerables, entiende “la urgencia”, por lo que está a favor de su aprobación.
Recordó que el cambio climático afecta actualmente a millones de personas en todo el mundo, por lo que es importante establecer medidas a favor de su reducción. Dijo que apoyará la aprobación del proyecto, pero que espera posteriormente volver a revisar el documento con miras a mejorarlo.
“Me hubiera gustado modificar y crear un consejo rector de instituciones afectadas, como el Mades, el Infona (Instituto Forestal Nacional), pero teniendo en cuenta los acuerdos internacionales y la urgencia ante la Asamblea de la ONU, donde los países tienen que analizar el balance, yo acompaño la aprobación de la ley”, expresó.
Recuerdan despojos a indígenas
Por su parte, Guillermo Rodríguez, de Yo Creo, cuestionó que sean organizaciones internacionales, como la Unión Europea (UE), las que tengan que “venir a decirnos qué hacer”, asegurando que no cree que “esto vaya a impactar en las comunidades indígenas, en los campesinos, a ningún paraguayo”.
“En la comunidad Avá Guaraní, ellos vivían en una tierra de 1.000 hectáreas. Sistemáticamente, con los grandes latifundistas, hoy 800 hectáreas de esas tierras se les arrebataron. Hoy muchos son invasores de sus propias tierras, viven confinados en 200 hectáreas. Yo no puedo aprobar algo que va a beneficiar solo a los grandes terratenientes, cuando los compatriotas están siendo desterrados de sus propias tierras”, afirmó.
Y denunció: “Acaba de morir una señora en Ciudad del Este. Están despojando y desalojando de forma violenta. Están invadiendo dentro de las casas, están reprimiendo a los ciudadanos en Ciudad del Este. No me pidan que apruebe un proyecto que solo va a beneficiar a grandes latifundistas”.
En la misma línea se pronunció Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional, quien sostuvo que el proyecto de ley está elaborado “solamente mirando a favor de los poderosos”.
Enrique Antonio Buzarquis, a su turno, sostuvo que la deforestación en Paraguay está avanzando en 400.000 hectáreas por año en estos últimos 25 años, por lo que es importante ejercer acciones. Afirmó que, para que se cumpla con el cuidado del ambiente, “se tiene que convertir en un negocio”.
“El ambiente es un negocio. Jamás nadie va a dedicarse a algo que no es rentable. Si podés ganar plata con tu ganadería y con tu bosque, entonces vas a cuidar más. Si tener bosque es más rentable, la gente va a optar por tener bosque. Hay muchas verdades y mitos, pero tenemos que ver hasta qué punto esto funciona y tendremos la oportunidad de corregir esto”, afirmó.
Johanna Ortega, del Partido País Solidario, manifestó que el aspecto rescatable del proyecto es que “significa dinero que puede usarse en el desarrollo sostenible”, en las áreas silvestres protegidas o para contar con más guardaparques, aunque señaló que hay “otras cuestiones que se tienen que buscar proteger”, por lo que se deben incorporar modificaciones, sobre todo para no dejar todo a criterio de las certificadoras.
Previamente, en medio del debate, la diputada señaló que considera que el proyecto es positivo para el medioambiente, por lo que está a favor. Sin embargo, tras realizar evaluaciones entre varios colegas, dijo que analizaron que aún se le deben realizar modificaciones.
Ante esto, planteó que se aplace por tres semanas su estudio, a fin de proponer preguntas técnicas para los cambios. Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, y Raúl Benítez, del Encuentro Nacional, acompañaron su moción.
En tanto, el colorado Miguel del Puerto Silva se opuso a la propuesta de Ortega, por lo que se llevó a votación. Al no contar con los votos suficientes para posponer el tratamiento, los legisladores continuaron con el debate, hasta que finalmente fue aprobado.
Por 60 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el proyecto se aprobó primero en general. Durante el estudio en particular, Ortega planteó una modificación en la redacción sobre el artículo segundo en su inciso A, así como respecto al artículo quinto, en el que propuso agregar un inciso para salvaguardar los procedimiento sobre las tierras de los pueblos indígenas.
La parlamentaria Rocío Abed, acompañada de Miguel Del Puerto, pidió que se mantenga la redacción que ya fue objeto de análisis en la Cámara de Senadores, por lo que fue llevado a votación. En ninguno de los casos, la diputada Johanna Ortega contó con votos para lograr el cambio.
En Senado también hubo objeciones
Durante el estudio del proyecto en la Cámara de Senadores, donde ya había sido aprobado el 21 de setiembre pasado, el senador progresista Rafael Filizzola presentó objeciones al proyecto y cuestionó que el Paraguay tenga que entrar al mercado voluntario de carbono, antes que terminen las negociaciones del mercado regulado.
Manifestó que la mayoría de los países del continente se encuentran pendientes del avance de las regulaciones, en el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. También se refirió respecto a la protección especial a latifundios improductivos, prohibiendo la colonización e inclusive también las expropiaciones.
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“Si Paraguay aprueba una ley que no reconoce los compromisos en materia de cambio climático, estará incumpliendo tratados internacionales”, advirtió el parlamentario, al tiempo de recordar el riesgo de que el Paraguay “caiga en lo que se denomina créditos de carbono basura, otorgando bonos de bosques ya protegidos, permitiendo un empeoramiento de las condiciones ambientales por contaminación supuestamente mitigada”.
Los alcances del proyecto de ley
Dentro del texto del proyecto de ley, el crédito de carbono es definido como un instrumento “comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado”.
Se indica que el objetivo es establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado, y la propiedad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en nuestro país.
Según la exposición de motivos, podrán ser ejecutados por empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras, estableciéndose que la participación real de mano de obra paraguaya, en cada proyecto, no debe ser menor al 35%.
Contempla que el Mades será la autoridad de aplicación y también establece la creación de un Registro de Créditos de Carbono nacional que buscará transparentar el mercado local y evitar la doble contabilidad de reducción de emisiones.
También implementará medidas para “salvaguardar el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Paraguay, entre ellas la obligación de retener entre el 3 y 10% de los créditos de carbono generados por cada proyecto, y medidas diseñadas para fomentar la transferencia de conocimiento a profesionales y técnicos paraguayos”.
Finalmente, busca fomentar tanto la inversión nacional como la extranjera en proyectos locales, pero brindando la protección legal a los inmuebles destinados a los proyectos en desarrollo, brindando claridad jurídica con respecto a la titularidad y transferibilidad de los créditos de carbono, además de exonerar del impuesto al valor agregado (IVA) la transferencia de los mismos.
