El pleno de la Cámara de Diputados sancionó la Ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Se trata de una nueva Ley de APP, teniendo en cuenta que deroga completamente la N° 5102/2013.
“Con su aplicación se podrá optar por nuevas modalidades y actualizar su marco legal en materia de inversión pública, implementando alternativas innovadoras de financiamiento que busquen atraer y potenciar la inversión en el país”, resaltó el diputado colorado Néstor Castellano, de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
Lea más:El Ejecutivo presentó nueva ley de APP para atraer la inversión privada
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl documento amplía la participación del Estado de 10 a 25% en las inversiones, pero, a su vez, el periodo de concesiones pasa de 30 a 40 años.
La disidencia colorada reconoce la importancia de la inversión privada para generar el desarrollo sostenible del país. “Nunca alcanza la plata y más todavía cuando hablamos de invertir en obras de infraestructura, y nuestro país es considerado en la región como uno de los países con menor inversión en materia de infraestructura”, expresó Daniel Centurión en NPY.
Sin embargo, se quejó de sus colegas cartistas porque no aceptaron discutir cada artículo en las próximas sesiones. “Yo esperaba racionalidad y madurez en este 2025 con el oficialismo, pero no pudimos debatir como hubiésemos querido”, dijo.
Explicó que entre los casi 60 artículos, había cuatro a cinco que generaban controversia.
De los 56 artículos, cuatro a cinco fueron los cuestionados, por ejemplo, las atribuciones que otorga al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, y las dudas sobre si esto lesiona la capacidad de control que debe ejercer el Parlamento y otras instituciones extrapoder.
Otro punto que quedó pendiente de discusión fue la exclusión que planteó el Senado hacia los gobiernos departamentales y municipales, así como la ampliación de años de las concesiones y la participación pública en las inversiones.
El proyecto ahora depende del Poder Ejecutivo, que tiene la potestad de promulgarlo o vetarlo.
