El proyecto fue aprobado con las modificaciones del Senado y de esta forma quedó sancionado, para que el presidente Mario Abdo Benítez lo promulgue o vete.
La normativa otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Cabe señalar que estas ciudades se ven afectadas principalmente por el cierre de la frontera estipulado por el Gobierno argentino para evitar la propagación del Covid-19
El Ministerio de Hacienda, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, será el encargado de elaborar la lista de los beneficiarios que califiquen para recibir el subsidio, de acuerdo con los requisitos establecidos en el decreto reglamentario.
Se otorgará un subsidio de G. 3 millones por tres meses, para comerciantes en general, personas jurídicas o físicas, debidamente identificados con la presentación del registro único del contribuyente (RUC) y patente comercial.
Varios diputados indicaron que existe la necesidad de contar con un plan de reactivación de la economía en esas zonas. Celeste Amarilla se refirió al subsidio como “una limosna”.
Kattya González dijo que los diputados y senadores, en muchas ocasiones, se guían por comentarios sin conocer la realidad. “No podemos seguir legislando sin tener una información más acabada de lo que significa, numéricamente hablando, el daño enorme que ha causado la pandemia a las ciudades de frontera, al comercio y a los trabajadores”, aseveró.
El diputado Walter Harms resaltó, por su parte, que los comerciantes vienen arrastrando los problemas económicos desde hace casi un año y de igual forma pagan sus impuestos.
