La Cámara de Senadores había realizado nuevas modificaciones al proyecto remitido por la Cámara de Diputados, donde incluyeron que la Contraloría General de la República pueda remitir al Ministerio Público los casos en los que existiera un error u omisión con dolo en las declaraciones juradas.
Con 42 votos, los diputados se ratificaron en su versión y el proyecto vuelve a la Cámara de Senadores, que tendrá la última palabra.
Se trata del proyecto de ley ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19'”.
La propuesta original fue presentada por la Contraloría General de la República en Diputados, donde tuvo algunos cambios y fue remitida al Senado, donde se consignó la controversial modificación.
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El proyecto es polémico debido a que en diversas ocasiones autoridades no declararon la totalidad de sus bienes, que es importante para determinar el enriquecimiento ilícito a merced del patrimonio público.
Los diputados de Honor Colorado, como también los llanistas, votaron a favor de mantener la versión de la Cámara de Diputados.
El diputado Derlis Maidana, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó que emitieron dos declaraciones, una en mayoría a favor de ratificarse en la versión inicial y otra en minoría por aprobar la versión de Diputados.
“Este nuevo texto no implica cercenar las competencias de la Contraloría de que en cualquier momento, cuando hay una inconsistencia, está obligada a denunciar ante el Ministerio Público. Se mantiene en vigencia la Ley 276 orgánica que le faculta a hacer un examen de correspondencia de las declaraciones y que, en caso de que haya inconsistencias, se remita al Ministerio Público para que inicien las investigaciones correspondientes”, remarcó.
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También dijo que hay una ley especial que castiga el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, por lo que no pretenden cercenar a los organismos de control ni ocultar nada, y piden aprobar la versión de Diputados y habló en nombre de la bancada de Honor Colorado para apoyar también la propuesta inicial.
El diputado Jorge Ávalos Mariño, de la Comisión de Legislación y Codificación, pidió acompañar la versión del Senado, señalando que solo en el artículo 14 se encuentra la diferencia.
El legislador indicó que el punto 14 habla de que una vez recepcionada la declaración respectiva y si la Contraloría encontrara el error u omisión que no fuera imputable al declarante, la Contraloría le da un plazo de 10 días para su rectificación.
No obstante, la diferencia está en que la versión de Senado establece que si surgieran indicios de que el error u omisión fuera con dolo imputable al declarante, la Contraloría debe dar conocimiento al Ministerio Público.
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La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, expresó que están a favor de la versión del Senado y que en realidad lo que se busca denunciar son los casos de sendos errores u olvidos de numerosas cuentas bancarias e inmuebles, no solo simples errores.
La diputada Kattya González sostuvo que la versión de Diputados implica la impunidad del olvido y que este sea impune. “La versión del Senado ratifica un principio republicano de la rendición de cuentas públicas, donde la omisión doloso, maliciosa, permite la intervención del Ministerio Público”, remarcó.
A su vez, dijo que el olvido doloso y malicioso arropa justamente delitos conexos como el enriquecimiento ilícito y el crimen organizado y que esa es la diferencia entre las versiones que van a aprobar o descartar.
“Cada vez que se les pilla algo ustedes van a poder rectificar impunemente su declaración jurada, a mí me cuesta creer que yo puedo olvidarme de una cuenta corriente que maneja G. 10.000 millones, G. 20.000 millones, de una empresa que salta en el Panamá Papers después”, expuso sobre la versión de Diputados.
La legisladora Celeste Amarilla expresó que la ley que ya existe sigue presumiendo la inocencia porque te da un tiempo de rectificar, pero si descubre que hay dolo lo remite a la Justicia, pero no duda de todos, ya que pueden haber olvidos reales, con patrimonios extensos y que quizás el contador omitió, pero no se puede decir “me olvidé y ya está” y que eso se debe demostrar.
El parlamentario Walter Harms, de Honor Colorado, también se mostró a favor de no penalizar la declaración jurada por olvido, errores o desconocimiento.
El liberal Eusebio Alvarenga pidió aclarar el concepto de buena fe, mala fe y malicia que viene del Senado y sostuvo que se entiende como la representación mental previa a la consumación de un acto.
“Es sumamente claro lo que se había aprobado en el Senado de la Nación, para autorizar a la Contraloría, previa detección de mala fe de omisión de la declaración jurada de bienes. Si esto se suprime va a ser letra muerta la Constitución Nacional”, alegó.
En medio del show entre los diputados, se trataron de hipócritas entre algunos, incluso se dedicaron canciones.
Basilio Núñez, líder de bancada de Honor Colorado, aseguró que casi la mitad de la Cámara de Diputados rectificó sus declaraciones juradas y que en otros países se hace, siempre y cuando no se compruebe el dolo.
Uno de los recientes casos es del ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien se vio obligado a agregar bienes en su declaración sobre el periodo en el que fue titular del Poder Ejecutivo, tras descubrirse una empresa offshore que mantenía oculta. La empresa Dominicana Acquisition SA saltó con la publicación de los Pandora Papers.
El ex mandatario presentó una declaración jurada de rectificación en fecha 30 de setiembre del 2021 y sostiene que se trató de una corrección involuntaria de los datos presentados desde el 2013 y hasta el 2018.
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En el caso del diputado Erico Galeano, también de Honor Colorado, investigado tras el operativo A Ultranza PY, se descubrió mediante informes de la Seprelad que realizó varias millonarias transferencias y bienes que no declaró.
Galeano tenía varias cuentas bancarias y propiedades que no había declarado y posteriormente las incluyó.
El proyecto de la Contraloría permite que todas las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios sean públicas, sin necesidad de una orden judicial.
La Corte habilitó la publicidad de las declaraciones solo de los años 1998 hasta 2017, pero muchos funcionarios no tienen sus documentos en forma pública.
El proyecto de ley también establece el acceso directo por parte de la Contraloría a los datos de los Registros Públicos, Registro del Automotor y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para contrastar eficientemente la veracidad de lo declarado, en los exámenes de correspondencia; la exclusión de proveedores del Estado como sujetos obligados de presentar declaraciones juradas, y reducir la multa por no presentar las declaraciones, ya que actualmente es de 300 jornales mínimos sin diferencia entre quienes ganen un sueldo elevado y menos que el básico.
Sobre el tema de proveedores, el contralor Camilo Benítez explicó que más de 100 personas y empresas accionaron y consiguieron una medida judicial, por lo que ya no presentan su declaración y la ley termina siendo inaplicable.
