La mayoría de las veces existen pruebas fehacientes que los implican, pero el corporativismo en los partidos tradicionales, principalmente, logra dejarlos impunes.
Los diputados Del Pilar Medina, colorada, y Édgar Ortiz, liberal, fueron imputados por violación de la cuarentena sanitaria, y el segundo, también por resistencia, al atropellar una barrera de control. De este modo, suman seis en este periodo parlamentario que son abroquelados por sus pares, junto con los colorados abdistas Miguel Cuevas, Esteban Samaniego y Ulises Quintana, y el cartista Tomás Rivas, además del liberal efrainista Carlos Portillo.
Los casos más graves son los que incluso cumplen prisión preventiva, pero siguen con sus bancas, guardadas por suplentes, como el caso de Quintana, quien es reemplazado por Rocío Abed, también investigada por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros, en el mismo caso en el que están implicados los Zacarías Irún.
En cuanto al segundo recluido, Cuevas, ni siquiera fue resuelta su ausencia, ya que no se le otorgó el permiso, pero tampoco fue convocado su suplente.
NORMAS. Los colorados cartistas y abdistas sostienen que ninguno puede ser sancionado, pero varios diputados coinciden, aunque son minoría, en que en el caso de Medina y Ortiz puede aplicarse el artículo 22 del reglamento interno sobre amonestaciones y exclusión, que expresa que la Cámara, “por mayoría de dos tercios podrá amonestar a cualquiera de ellos o excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada. En los casos de renuncia decidirá por simple mayoría de votos”.
En tanto que el código de ética indica que “las sanciones por inconductas que lesionen la ética parlamentaria podrán tomarse por mayoría de dos tercios, conforme al Artículo 190 de la Constitución Nacional, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
Si uno cae, puede arrastrar a los demás, por lo que la protección sigue. La ciudadanía les bautizó como “la cámara de la vergüenza”. El pasado año fueron salvados de la pérdida de investidura los diputados Carlos Portillo, acusado de tráfico de influencias junto con la abogada Lucía Escobar, de la Municipalidad de Hernandarias. Fue investigado cuando se filtraron audios donde interfiere en casos judiciales del Juzgado de Alto Paraná; Tomás Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios y estaba en el caso caseros de oro, donde tres de sus empleados particulares eran planilleros de la Cámara; y Ulises Quintana, preso y acusado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En el caso de Miguel Cuevas nunca fue solicitada su pérdida de investidura. Está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Supuestamente, tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171, con una diferencia de G. 1.705.315.135, durante los años 2009 y 2019. También están imputados su esposa Nancy Florentín, su hijo Enzo Cuevas y la docente Griselda Duarte.
En caso de que se levante la medida de prisión preventiva, recuperará su banca, según anunciaron.
